En el norte de Costa Rica, la desatención crónica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ha llevado a comunidades enteras a asumir la reparación de rutas nacionales con sus propios recursos. Un ejemplo emblemático es el de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Santa Cecilia de Upala, que, ante la falta de respuesta gubernamental, decidió intervenir en la Ruta Nacional 729, una vía crítica para la movilidad y economía local. Este caso no es aislado: refleja un patrón de abandono institucional que se repite en múltiples regiones del país.
Contexto de la crisis vial en la Zona Norte
- Ruta 4: Upala-Santa Cecilia, un símbolo del abandono
La Ruta Nacional 4, que conecta Upala (Alajuela) con Santa Cecilia (Guanacaste), lleva décadas sin un mantenimiento adecuado. Vecinos denuncian que los huecos alcanzan hasta 35 cm de profundidad y 2 m de ancho, dañando vehículos y provocando accidentes. A pesar de las promesas del MOPT en 2024, las reparaciones siguen pendientes, lo que ha llevado a 30 asociaciones a organizar una huelga inminente. En un acto de desesperación, los residentes recaudaron ?2.5 millones para un bacheo provisional, una solución temporal ante la inoperancia estatal. - Acciones comunitarias: Tractores y fuerza bruta
Siguiendo el ejemplo de otros cantones, como Cartago, donde vecinos alquilaron maquinaria para reparar un deslizamiento en la Ruta 228 —a pesar de las advertencias de Conavi sobre riesgos geotécnicos—, los habitantes de Santa Cecilia han recurrido a tractores y mano de obra local. Esta práctica, aunque riesgosa, evidencia la frustración ante un Estado que «brilla por su ausencia», como lo expresó un líder comunal: «Costa Rica no les pertenece, señores; ustedes nada más la administran». - Impacto socioeconómico
- Educación: Familias han tenido que mudarse para evitar cruzar rutas peligrosas, un problema que se replica en Upala, donde niños deben atravesar la Ruta 4 para llegar a escuelas
- Economía local: El deterioro vial afecta el transporte de café y mercancías, especialmente en zonas fronterizas donde estas rutas son vitales para el comercio con Nicaragua.
- Seguridad: La falta de puentes peatonales y señalización incrementa el riesgo de atropellos, un problema ya crítico en la ampliación de la Ruta 32 en Limón.
- Promesas incumplidas: En 2021, el gobierno anunció $150 millones para obras complementarias en la Ruta 32, financiados por el banco chino Eximbank, pero los fondos nunca llegaron. Situaciones similares se repiten en Guanacaste, donde proyectos de sellado asfáltico avanzan lentamente, dejando rutas como la 227 en Cutris con reparaciones efímeras.
- Diseños obsoletos: En la Ruta 4, estudios geológicos del MOPT identificaron inestabilidad en el terreno, pero las soluciones propuestas (como puentes de 100 m) han sido inviables, prolongando la crisis.
La acción vecinal en Upala y otras regiones subraya una paradoja: mientras el MOPT invierte en proyectos como el sellado de 261 km en Guanacaste, comunidades marginadas quedan relegadas. Estas iniciativas ciudadanas, aunque admirables, exponen a los habitantes a riesgos legales y técnicos. Urge una política vial descentralizada que priorice zonas históricamente olvidadas, antes de que la autogestión se convierta en la norma, no en la excepción.
