La Comisión Especial del Concejo Municipal, encargada de analizar un sonado caso de presunta corrupción que involucra a exfuncionarios y empresas contratistas, decidió solicitar un plazo adicional de un mes al Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Goicoechea antes de emitir una resolución definitiva.
La comisión está integrada por los regidores Eduardo Salas (Liberación Nacional), Raquel Marín (Unidad Social Cristiana), Jorge Rodríguez (Progreser), Melvin López (Aquí Costa Rica Manda) y Patricia Romero (Partido Liberal Progresista), quienes inicialmente pretendían tomar una decisión el pasado viernes. No obstante, optaron por pedir más tiempo tras valorar nuevas circunstancias legales.
El caso, que ha captado la atención pública, se remonta a una denuncia presentada hace 15 años por el exregidor Carlos Corella ante la Contraloría General de la República. Según la acusación, la empresa “Excavaciones Campos Zamora S.A.” habría utilizado a “Transportes Cruzco S.A.” como empresa fachada para desviar fondos municipales, generando un perjuicio económico estimado en 108 millones de colones.
Las investigaciones apuntan a que familiares de Jennifer Campos Zamora, entonces coordinadora de proveeduría municipal, habrían sido favorecidos mediante procesos irregulares de licitación y contratación directa. La causa penal se tramita bajo el expediente número 23-000029-0951-PE.
Inicialmente, los regidores habían acordado conciliar el caso mediante el pago de 50 millones de colones, lo que dejaría a los imputados sin antecedentes penales y permitiría que las empresas involucradas pudieran volver a contratar con el municipio. Sin embargo, la presentación de un recurso de revocatoria por parte de dos ciudadanos forzó a los regidores a replantear su decisión y formar una comisión para analizar en mayor profundidad los elementos del expediente.
Fuentes cercanas al Concejo indicaron que el recurso ciudadano expuso preocupaciones sobre la imagen institucional y la falta de sanciones reales a quienes participaron en los hechos denunciados, por lo que se solicitó una revisión más exhaustiva antes de avalar cualquier tipo de conciliación.
Ahora, con este nuevo mes de prórroga, la Comisión Especial tendrá que valorar no solo los alcances legales del acuerdo de conciliación, sino también las implicaciones éticas y administrativas para la Municipalidad.
El caso representa un punto de inflexión para la credibilidad del gobierno local, que deberá demostrar si opta por proteger los intereses municipales o ceder ante acuerdos que, a juicio de algunos sectores, favorecerían a quienes en su momento habrían defraudado los recursos públicos.
