El presidente de la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias, Rafael Ángel García, criticó las medidas implementadas en el Centro de Atención Institucional La Reforma tras el ingreso de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y Jonathan Pérez, alias “Tan”, al considerar que las restricciones vulneran los derechos de la población penitenciaria.
Según García, las disposiciones adoptadas por el Ministerio de Justicia y Paz exceden lo permitido por la legislación costarricense y los reglamentos penitenciarios, al suspender actividades como las salidas al aire libre, las llamadas telefónicas, las visitas familiares y las visitas íntimas.
El dirigente aseguró que impedir el acceso a la hora de sol y mantener el aislamiento de forma prolongada constituye una medida desproporcionada y contraria a las garantías constitucionales. Asimismo, afirmó que el Estado debe respetar el debido proceso y los derechos fundamentales de todas las personas privadas de libertad, independientemente de los delitos que se les atribuyan.
“El Estado costarricense no puede convertirse en un violador de derechos bajo la excusa de la peligrosidad de los imputados”, expresó García, quien insistió en que la legalidad debe prevalecer incluso en casos de alto perfil.
El representante también hizo un llamado a los organismos defensores de los derechos humanos y a las autoridades judiciales para que revisen el protocolo aplicado en el centro penitenciario. Indicó que la organización no busca defender los delitos atribuidos a los reclusos, sino garantizar el respeto al marco legal y a la dignidad humana dentro del sistema penitenciario.
Las restricciones fueron implementadas luego de la captura e ingreso a prisión de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y Jonathan Pérez, alias “Tan”, señalados por las autoridades como presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada al narcotráfico y al crimen organizado. Ambos enfrentan investigaciones por diversos delitos y, según las autoridades, las medidas de seguridad responden al alto nivel de peligrosidad que representan y a la necesidad de mantener el orden dentro del centro penal.
