Moción plantea solicitar información a la Alcaldía, un criterio jurídico y una eventual consulta a la Procuraduría General de la República.
Tres regidores de la Municipalidad de San Carlos presentaron una moción ante el Concejo Municipal para solicitar información detallada sobre la legitimidad, obligatoriedad y fundamento legal del pago del salario escolar a los funcionarios de la corporación municipal.
La iniciativa fue suscrita por Eduardo Salas Rodríguez, regidor suplente; Esteban Rodríguez Murillo, regidor propietario; y Jorge Rodríguez Miranda, regidor suplente, quienes solicitan que la Alcaldía aclare las bases jurídicas que sustentan el reconocimiento de este componente salarial.
Presupuesto contempla más de ¢563 millones
Uno de los principales aspectos señalados en la moción es que el presupuesto 2027 de la Municipalidad de San Carlos contempla un total de ¢563.582.506 para el pago del salario escolar.
La distribución presupuestaria indicada en el documento es la siguiente:
Administración: ¢204.197.365.
Auditoría: ¢18.968.296.
Servicios comunales: ¢192.197.365.
Inversiones: ¢147.841.645.
Los regidores consideran necesario determinar si el pago cuenta con el respaldo normativo correspondiente y si la municipalidad está legalmente obligada a mantenerlo.
Cuestionan obligatoriedad del beneficio
La moción señala que el salario escolar se originó mediante acuerdos de política salarial para el sector público y decretos ejecutivos emitidos en 1994. Además, sostiene que la figura ha sido definida por la jurisprudencia como una retención salarial acumulada que se cancela de manera diferida en enero de cada año.
Entre los argumentos expuestos, los proponentes afirman que el Código Municipal, Ley N.° 7794, no incorporó expresamente el salario escolar como un beneficio obligatorio para todos los servidores del régimen municipal.
Asimismo, citan criterios atribuidos a la Procuraduría General de la República, según los cuales los gobiernos locales pueden reconocer este beneficio en ejercicio de su autonomía administrativa y financiera, siempre que exista un reglamento que regule su aplicación.
Los regidores también hacen referencia a la resolución N.° 1551-2021 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que, según la moción, estableció que el pago del salario escolar no es obligatorio en una municipalidad que, en ejercicio de su autonomía, no lo aplica.
La moción plantea que es necesario revisar las disposiciones internas de la Municipalidad de San Carlos, como el reglamento autónomo de servicio, una eventual convención colectiva o acuerdos municipales que pudieran sustentar el pago.
Solicitan informe al alcalde Juan Diego González
Como parte de los acuerdos propuestos, los regidores solicitan al alcalde de San Carlos, Juan Diego González Picado, que presente un informe detallado en un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la comunicación del acuerdo.
El documento deberá abordar, entre otros, los siguientes aspectos:
Legitimidad: Identificar el instrumento jurídico que respalda el pago del salario escolar y explicar cómo fue adoptado.
Obligatoriedad: Determinar si la municipalidad está obligada a reconocerlo y pagarlo, así como las condiciones, el porcentaje y la periodicidad aplicables.
Fundamento legal: Precisar las normas, resoluciones judiciales y dictámenes de la Procuraduría que sustentan la práctica actual.
Impacto presupuestario: Analizar las consecuencias que tendría una eventual supresión, modificación o implementación del beneficio sobre el presupuesto municipal vigente y los períodos posteriores.
Piden criterio jurídico y eventual consulta a la Procuraduría
La iniciativa también solicita que la Alcaldía, por medio del Departamento de Servicios Jurídicos, elabore un criterio legal razonado sobre la legitimidad y obligatoriedad del salario escolar en la Municipalidad de San Carlos.
Dicho criterio deberá remitirse al Concejo Municipal junto con el informe solicitado.
Posteriormente, los regidores proponen que el Concejo valore la posibilidad de elevar una consulta formal ante la Procuraduría General de la República, al amparo del artículo 4 de su Ley Orgánica, con el propósito de obtener un pronunciamiento que brinde seguridad jurídica a la municipalidad y a sus funcionarios.
La moción incluye una solicitud de dispensa de trámite para su consideración por parte del Concejo Municipal.
Nota de contexto: Los planteamientos sobre la normativa y la jurisprudencia corresponden a los argumentos expuestos por los regidores en la moción. Su alcance jurídico y la existencia de los instrumentos internos mencionados deberán ser verificados mediante los informes y criterios legales solicitados.
