La comisión legislativa especial encargada de investigar las controvertidas contrataciones de publicidad entre instituciones públicas y el Sinart por un monto de aproximadamente ¢8.000 millones quedó formalmente establecida este lunes. Entre las entidades involucradas en estas polémicas contrataciones se encuentran el ICE, AyA y la Junta de Protección Social.
El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, consideró que la labor de esta comisión es de gran importancia y la describió como «crucial». Destacó que su creación es un paso fundamental para garantizar la rendición de cuentas y el acceso a información objetiva en la sociedad.
Los miembros de la comisión son los siguientes:
- Dinorah Barquero y Danny Vargas Serrano (Liberación Nacional – PLN).
- Vanessa Castro Mora (Unidad Social Cristiana – PUSC).
- Johana Obando (Liberal Progresista – PLP).
- Ariel Robles Barrantes (Frente Amplio – FA).
- Ada Acuña (Progreso Social Democrático – PPSD).
- José Pablo Sibaja Jiménez (Nueva República – PNR).
La moción para la creación de esta comisión fue aprobada el 13 de septiembre con el respaldo de 42 legisladores. Se mencionó que, de confirmarse la existencia de contrataciones ilegales entre asesores de Casa Presidencial y el Estado, se podrían estar violando disposiciones legales, lo que podría llevar a delitos como tráfico de influencias o incumplimiento de deberes, con penas de cárcel de uno a cinco años.
Además, se señaló la necesidad de investigar la gestión de más de 8.000 millones de colones de fondos públicos provenientes de 14 instituciones que otorgaron contratos al Sinart mediante procedimientos que aparentemente no cumplieron con los principios y normativas legales correspondientes. También se mencionó la importancia de investigar cómo se llevó a cabo la colocación de publicidad en detrimento del interés general y quiénes fueron los proveedores de servicios de mercadeo.
Es importante destacar que algunas de estas contrataciones ocurrieron antes de que entraran en vigencia las regulaciones más restrictivas el 1 de diciembre de 2022. Además, la Contraloría General de la República anunció que llevará a cabo su propia investigación para determinar la legalidad de estas contrataciones después de que los casos se hicieran públicos.
