? Moreira denuncia cobros desproporcionados en el marchamo por modificar ilegalmente la base imponible del impuesto a la propiedad de vehículos.
La diputada Katherine Moreira Brown presentó este miércoles 27 de noviembre un recurso de amparo contra el Ministerio de Hacienda, cuestionando la metodología aplicada para calcular el impuesto a la propiedad de vehículos automotores, principal componente del marchamo.
Este recurso surge como respuesta a una interpretación que contradice lo dispuesto en las leyes 10.390 y 7.088, generando incrementos desproporcionados en el costo de este tributo para miles de ciudadanos.
La acción de la diputada Moreira señala que Hacienda, al reclasificar vehículos nuevos importados como flota circulante y cambiar la base imponible del impuesto, ha actuado de manera ilegal y arbitraria.
Según el recurso, esta práctica viola principios constitucionales como la reserva de ley, la división de poderes, la seguridad jurídica y, además, genera una doble imposición tributaria al calcular el impuesto sobre montos que ya incluyen otros tributos.
El recurso tiene como objetivos:
1. Declarar inconstitucional la actuación del Ministerio de Hacienda.
2. Ordenar que se aplique la base imponible definida en el artículo 9 de la Ley 7.088 reformada por la Ley 10.390 para todos los vehículos nuevos importados desde la entrada en vigor de esta normativa.
3. Alternativamente, prohibir a Hacienda la reclasificación de vehículos nuevos como flota circulante y la variación arbitraria de la base imponible para aumentar el impuesto.
“Queremos garantizar que el cálculo del marchamo respete lo establecido por el espíritu del legislador, protegiendo los derechos de los contribuyentes y evitando abusos en los cobros. Siempre estaremos del lado de los costarricenses”, expresó Moreira.
Este recurso de amparo se suma a las acciones legales emprendidas por la diputada Moreira y el diputado Francisco Nicolás, quienes el pasado martes 26 de noviembre presentaron ante el Tribunal Contencioso Administrativo una solicitud de medida cautelar primerísima. En dicha solicitud, ambos legisladores exigen la suspensión inmediata de los cobros abusivos del marchamo para frenar el impacto negativo en la economía de las familias costarricenses.
