En una comunicación enviada por el Licenciado Pablo Zeledón, de la Dirección Jurídica del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), al ministro Mauricio Batalla, se señaló que la Municipalidad de San Carlos habría utilizado de forma indebida las rutas nacionales 141, que atraviesa el centro de Ciudad Quesada, y 142, que cruza La Fortuna.
Tras detallar antecedentes y denuncias recibidas, el documento indica que las acciones ejecutadas por la municipalidad podrían constituir una violación a las normativas establecidas en la Ley N.° 5060. Estas actividades se relacionan principalmente con la implementación de parquímetros y áreas de estacionamiento sobre las rutas mencionadas, decisiones que, según el análisis, exceden las competencias legales del gobierno local.
El informe solicita que el Departamento de Inspección Vial y Demoliciones del MOPT tome las medidas necesarias para recuperar las áreas correspondientes al derecho de vía en dichas rutas, incluyendo la remoción de cualquier estructura o señalización instalada sin la autorización del ministerio. Además, insta a denunciar los hechos ante la Procuraduría de la Ética Pública y la Contraloría General de la República, y valorar la posibilidad de presentar una denuncia ante el Ministerio Público, debido a la posible transgresión de disposiciones legales y normativas en la función pública.
El análisis expone que la Municipalidad de San Carlos no tiene facultades para gestionar ni explotar áreas de estacionamiento en rutas nacionales. Según la Dirección Jurídica, estas acciones no solo carecen de respaldo normativo, sino que también podrían constituir una afectación a los derechos de los administrados, al imponer cobros indebidos y concesionar espacios públicos a empresas privadas sin autorización del MOPT.
El documento concluye con las siguientes recomendaciones:
1. Recuperar las áreas invadidas: Ordenar la inspección y remoción de cualquier estructura instalada de forma irregular.
2. Denunciar ante la Procuraduría de la Ética Pública: Por posibles violaciones al ordenamiento jurídico y un uso indebido de competencias.
3. Notificar a la Contraloría General de la República: Ante indicios de manejo irregular de fondos públicos y contrataciones improcedentes.
4. Presentar denuncia ante el Ministerio Público: Evaluar si los hechos constituyen posibles delitos de acción pública relacionados con la administración y explotación de bienes nacionales.
El informe resalta que las competencias sobre las rutas nacionales recaen exclusivamente en el MOPT y que cualquier acción contraria a la normativa podría generar graves perjuicios a la población y al Estado.
