Caso del sobresueldo de la exvicealcaldesa de San Carlos sigue sin resolverse tras 14 años
Según el municipio se gestiona los mecanismos legales para recuperar las sumas canceladas
El caso del pago indebido de un sobresueldo de 70 millones de colones a la exvicealcaldesa liberacionista Jenny Chacón, Agüero sigue sin resolverse, a pesar de haber pasado 14 años desde que se hizo la primera advertencia sobre la posible ilegalidad del pago.
Chacón es la esposa de quien en vida fuera el diputado liberacionista sancarleño William Corrales y madre de María José corrales, diputada en el periodo de gobierno anterior
Este proceso, que ha pasado por varias instancias judiciales, sigue sin una resolución clara ni la recuperación del dinero, que proviene de los contribuyentes sancarleños.
“Un proceso doloroso y desgastante”
Jenny Chacón Agüero, quien ocupó el cargo de vicealcaldesa entre 2011 y 2015, sostiene que este proceso ha sido “doloroso y desgastante” para ella, pues asegura que el error fue cometido por otros funcionarios y que se le ha señalado injustamente.
“Pregunten al Contencioso Administrativo qué ha pasado con esto, no a mí. Yo estoy dispuesta a devolverlo con mi salario de pensión de educadora”, manifestó la exfuncionaria municipal en años pasados.
De acuerdo con Chacón , dicho hace unos años, no cuenta con ese dinero porque lo invirtió en la construcción de su casa en su momento
Chacón insiste en que cada vez que se retoma el tema, surgen nuevas acusaciones en su contra, muchas de ellas sin fundamento, dijo en otra ocasión a este medio
El monto en cuestión corresponde a un sobresueldo equivalente a un 65% más de su salario base, lo que se justificó como un plus salarial de exclusividad por prohibición o profesión liberal. Sin embargo, la Auditoría Interna de la Municipalidad de San Carlos determinó que el pago fue erróneo, ya que la exvicealcaldesa es pensionada en docencia, una profesión que no califica como liberal.
Advertencias previas y acciones legales
Desde el año 2016, María Gabriela Gutiérrez, entonces directora del Departamento Jurídico Municipal, remitió el expediente al alcalde Alfredo Córdoba, señalando la irregularidad en el pago de la prohibición. A raíz de esto, se inició un proceso de lesividad ante el Juzgado Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de San José.
El 18 de septiembre de 2018, un Tribunal dictó sentencia y ordenó a la Municipalidad de San Carlos abrir los procedimientos administrativos necesarios para determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados en el pago indebido.
También se le dio un plazo de un año al entonces alcalde Córdoba para rendir un informe detallado sobre las acciones emprendidas.
Sin embargo, el 25 de octubre de 2018, Córdoba presentó un recurso de casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, alegando violaciones a normas procesales. Finalmente, el 8 de octubre de 2020, la Sala Primera declaró admisible la demanda y ordenó que el caso fuera reenviado al Tribunal Contencioso Administrativo para continuar con el proceso legal.
A pesar de estas resoluciones, hasta la fecha no se ha logrado recuperar el dinero ni establecer responsabilidades claras dentro de la Municipalidad de San Carlos.
Falta de acciones y responsabilidad
En este caso, también se evidenció la inacción de algunos funcionarios municipales que, pese a haber identificado el error, no tomaron medidas oportunas para corregirlo.
Yajaira Carvajal, exdirectora del Departamento Municipal de Recursos Humanos, advirtió en su momento que el pago era erróneo y recomendó no realizarlo, ya que la vicealcaldesa era pensionada en docencia y, por lo tanto, no calificaba para recibir el plus salarial por dedicación exclusiva.
Por su parte, en 2016, la asesora legal municipal Alejandra Bustamante recomendó presentar una demanda de lesividad contra Chacón, argumentando que existía un perjuicio contra los bienes municipales. No obstante, el proceso ha estado estancado en el Tribunal Contencioso Administrativo, sin que se haya definido una solución concreta.
Un caso sin resolución y una justicia lenta
El caso de Jenny Chacón Agüero se ha convertido en un claro ejemplo de la lentitud del sistema legal costarricense.
A pesar de haber pasado por múltiples instancias y de contar con resoluciones que instaban a recuperar el dinero, no se ha logrado establecer responsabilidades ni garantizar la devolución de los 70 millones de colones a la Municipalidad de San Carlos.
“Hace 14 años que este caso se ventila en diferentes instancias sin llegar a una resolución. Mientras tanto, el dinero de los sancarleños sigue sin recuperarse” , apuntó un regidor que prefirió mantenerse en el anonimato.
Ante consultas de El Norte Hoy, el Departamento de Comunicación de la Municipalidad de San Carlos indicó:
“Conforme a derecho, la Municipalidad instruyó el proceso judicial para la declaratoria de lesividad del acto administrativo que autorizó el pago indebido. Sin embargo, actualmente se están gestionando los mecanismos legales correspondientes para recuperar las sumas canceladas por dicho concepto”, afirmó la municipalidad un correo escueto enviado ayer lunes 03 de marzo del 2025
A la fecha, ni los actuales regidores ni la administración municipal han tomado acciones efectivas para recuperar estos fondos. Tampoco hay un pronunciamiento claro de los tribunales sobre la responsabilidad de los funcionarios involucrados ni sobre el destino del dinero.
Este caso deja en evidencia la ineficiencia del sistema judicial y administrativo en la resolución de procesos de interés público, donde fondos municipales fueron utilizados de manera indebida y, más de una década después, no hay soluciones concretas.
