Denuncian aparente construcción ilegal de camino en Parque Nacional Juan Castro Blanco: Conflicto entre desarrollo y conservación
San Carlos, Alajuela. — La Municipalidad de San Carlos enfrenta una grave acusación por presuntas obras de construcción y movimiento de tierra dentro del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, un área protegida clave para la recarga hídrica de la Zona Norte.
Según la denuncia presentada por el ambientalista Ronny Vindas, la maquinaria municipal habría intervenido un tramo de 600 metros dentro del parque, cerca de las comunidades de Los Alpes y Pueblo Viejo de Venecia, violando la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (Ley #6084).
Vindas, respaldado por evidencia fotográfica y la presencia de dos mojones que demarcan el límite del parque, asegura que las obras —realizadas bajo el argumento de mejorar la transitabilidad— afectaron directamente un sector ambientalmente sensible.
“La comunidad celebra la reparación del camino, pero no a costa de destruir un parque nacional. Aquí , movimiento de suelo y riesgo para nacientes”, declaró.
Este medio solicitó la versión de la Municipalidad de San Carlos para conocer porqué hicieron estos levantamientos de tierra dentro del Parque Nacional a sabiendas que es un sitio protegido y esperamos la respuesta del municipio al respecto.
El conflicto no es nuevo. En enero de 2020, taladores ilegales arrasaron con árboles de hasta 10 metros de altura para abrir un camino de dos kilómetros que conecta Los Alpes con Pueblo Viejo. Según investigaciones del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), estos hechos —documentados en informes como el SINAC-ACAHN-PNAJCB-EQ-013-2021— estuvieron vinculados a finqueros que buscan revalorizar terrenos dentro del área protegida, pendientes de expropiación por el Estado.
Marco legal y exigencias ambientales
La Ley #6084, en su artículo 8, prohíbe expresamente construcciones en parques nacionales sin autorización. Para intervenir los 455 metros del camino vecinal en Bajo del Zoncho, la Municipalidad debe obtener la viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA). Sin embargo, el oficio MSCCM-SC-0141-2022 del SINAC advierte que la ruta 2-10-115 atraviesa una zona frágil, cercana a la quebrada Sin Nombre —afluente del Río Abanico—, donde ya se registraron casos de envenenamiento de árboles con herbicidas (informe ACA-HN-P03-EQ-010).
“Cualquier obra aquí debe incluir estudios hidrológicos y respetar los 15 metros de protección de cauces”, explicó un funcionario del Área de Conservación Arenal Huetar Norte. Pese a esto, la Federación de Asadas de la Zona Norte denunció en 2021 que los daños previos —incluida la tala ilegal— no fueron sancionados con contundencia, lo que habría incentivado nuevas irregularidades.
El caso revela un dilema recurrente en Costa Rica: la tensión entre desarrollo comunitario y conservación. Mientras vecinos de Los Alpes piden infraestructura para emergencias y comercio, el Parque Juan Castro Blanco —creado en 1992— protege 25 nacientes y bosques nubosos críticos para abastecer de agua a 200 mil personas.
Organizaciones como la Federación de Asadas insisten en que el Estado debe acelerar la expropiación de terrenos dentro del parque para frenar conflictos de interés. “Mientras haya dueños privados en áreas protegidas, seguirán los intentos de urbanización ilegal”, señaló Vindas.
El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) mantiene abierta una investigación por los hechos del 2020
Este conflicto no solo pone en jaque la gobernanza ambiental costarricense, sino que cuestiona la efectividad de las instituciones para proteger áreas frágiles ante presiones locales. Como resume un informe de la Contraloría Ambiental: “Sin fiscalización rigurosa y educación comunitaria, incluso los parques nacionales están en riesgo”.
Mientras tanto, la sombra de la ilegalidad persiste sobre el camino de Los Alpes, un proyecto que, más que conectar comunidades, podría terminar erosionando el patrimonio natural de la Zona Norte.
