El abogado ambientalista Edgardo Araya es claro que al parecer no se le informó ni a la Sala Constitucional ni a Setena que el camino intervenido por la Municipalidad de San Carlos, está dentro del Parque Nacional del Agua, Juan Castro del Agua porque sino no se le hubieran dago permiso para intervenir camino y eso se debe investigar, detalla
“Me parece sumamente grave lo que está ocurriendo en el Parque Nacional Juan Castro Blanco, ya que se está irrespetando su razón de ser: la protección absoluta de las nacientes de agua y, con ello, el futuro de las comunidades.
Es un error caer en la falacia de que el desarrollo y la protección ambiental están en conflicto, cuando en realidad son interdependientes.
Sin agua, sin aire y sin alimentos, no hay posibilidad alguna de desarrollo económico ni de ninguna otra actividad.
El problema radica en que el camino en cuestión está dentro del parque. Al parecer, tanto las comunidades como la municipalidad desconocen que, al momento de la creación del parque, este absorbió el camino, aunque aún lo mantengan registrado.
Las comunidades interpusieron un recurso de amparo para obligar a la municipalidad a reparar la vía, pero ante la Sala Constitucional no se mencionó que el camino se encontraba dentro de un parque nacional.
Aunque la Sala haya ordenado su reparación, dicha intervención debe estar sujeta a un Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).
Sin embargo, es probable que SETENA tampoco haya sido informada de que el camino se encuentra dentro del parque, ya que, de haberlo sabido, difícilmente habría otorgado viabilidad ambiental para su reparación.
Todo apunta a que se ocultó información tanto a la Sala Constitucional como a SETENA. Esto no es un asunto menor, pues la conservación del agua, del aire y del medioambiente en general es indispensable para cualquier tipo de desarrollo.
Si hay comunidades que necesitan esa vía, lo correcto sería buscar alternativas que no comprometan la integridad del Parque Nacional Juan Castro Blanco”
Este caso se expone cómo la falta de transparencia en procesos administrativos y la presión por infraestructura inmediata pueden sacrificar bienes comunes irremplazables. La reparación del camino, tal como está planteada, no solo viola la normativa ambiental, sino que sienta un precedente peligroso: *si se permite modificar áreas de protección absoluta bajo argumentos de “desarrollo”, ningún parque nacional estará a salvo**.
La consigna debe ser clara: buscar soluciones que **armonicen necesidades sociales y límites ecológicos**, respetando el marco legal y, sobre todo, el derecho de las futuras generaciones a un ambiente sano. El agua no es un recurso negociable.
