Juicio del caso de corrupción en la Trocha Fronteriza podría detenerse hoy
El juicio por el escándalo de corrupción en la obra vial conocida como la “Trocha Fronteriza” esta programado para iniciar hoy 31 de marzo, sin embargo, una nueva complicación amenaza con retrasarlo nuevamente, posiblemente por hasta dos años más.
La causa, que involucra a 13 personas entre funcionarios públicos y empresarios, se arrastra desde el 2012, cuando se denunciaron presuntas dádivas a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y el desvío de fondos destinados a la construcción de la Ruta Nacional 1856, un proyecto de 160 kilómetros concebido tras la invasión nicaragüense a la Isla Calero en 2010.
La magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera, advirtió que la ausencia del abogado defensor José Miguel Villalobos podría generar una nueva postergación significativa en el proceso. Villalobos representa a los exfuncionarios del CONAVI, Manuel Serrano y Miguel Ramírez, así como a varios empresarios señalados en el caso.
Conflicto de agendas y retrasos judiciales
El abogado Villalobos notificó con antelación su imposibilidad de asistir al juicio, pues actualmente se encuentra participando en el proceso del “Caso Fénix”, un expediente de presunto narcotráfico y lavado de dinero que inició en febrero y se extenderá hasta el 30 de septiembre. Según el abogado, este juicio tiene prioridad, ya que involucra a imputados en prisión preventiva, a diferencia del caso de la Trocha, donde no hay personas detenidas.
“En cuatro ocasiones he comunicado al Tribunal Penal que no podré asistir porque estoy inmerso en un juicio que durará seis meses. No tiene sentido seguir fijando fechas para el caso de la Trocha cuando ya informé que no estaré disponible en ese periodo”, declaró Villalobos a AmeliaRueda.com.
Un caso de corrupción sin resolución tras más de una década
El caso de la Trocha Fronteriza se hizo público el 4 de mayo de 2012, cuando la entonces presidenta Laura Chinchilla presentó una denuncia penal sobre presuntos pagos irregulares a empresarios y sobornos a funcionarios públicos encargados de la obra. Desde entonces, el proceso ha estado marcado por retrasos y complicaciones judiciales.
Entre los delitos que se imputan a los acusados están cohecho, tráfico de influencias y peculado, en un caso que representa uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el juicio sigue sin fecha definitiva y, con el nuevo atraso, la resolución parece alejarse aún más.
