San José, Costa Rica – 31 de marzo de 2025. Esta tarde, a las 6:00 p.m., en el
Tribunal del Tercer Circuito Judicial de San Ramón de Alajuela, se llevará a cabo la
audiencia contra cuatro estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes
enfrentan cargos por el supuesto delito de «obstrucción de la vía pública». Su
detención ocurrió el 21 de noviembre de 2019, en el contexto de una protesta
pacífica contra los recortes presupuestarios a la educación superior.
La manifestación, fue convocada por el movimiento estudiantil de las Universidades
Públicas, en respuesta a la aprobación del presupuesto nacional por parte de la
Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Este presupuesto
incluía el redireccionamiento de ?35.000 millones del Fondo Especial para la
Educación Superior (FEES) exclusivamente para infraestructura y equipo,
impidiendo que estos fondos se usaran para becas, salarios y otros gastos
esenciales de funcionamiento.
A pesar de que la protesta del grupo de estudiantes de la Sede Occidente de la
UCR, en San Ramón de Alajuela, no generó bloqueos totales ni interrupciones
significativas al tránsito, la Fuerza Pública respondió con un despliegue
desproporcionado de violencia, empleando gases lacrimógenos y persiguiendo por
terrenos baldíos y potreros a las y los manifestantes que no superaban las 25
personas. Como resultado, cuatro estudiantes fueron detenidos y procesados bajo
la vía de flagrancia, y hoy, casi seis años después, enfrentarán juicio.
Resolución de la Sala Constitucional y sus implicaciones
En diciembre de 2019, la defensa de los estudiantes, liderada por el abogado
Edgardo Araya, presentó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 263
bis del Código Penal, que sanciona la «obstrucción de la vía pública» con penas de
10 a 30 días de prisión. La acción argumentó que la redacción de la norma era
demasiado amplia, permitiendo la criminalización de cualquier forma de
manifestación en la vía pública.
En agosto de 2023, la Sala Constitucional resolvió que el artículo es constitucional,
pero estableció lineamientos claros para su aplicación: la norma no debe ser
utilizada para criminalizar la protesta pacífica ni para restringir el derecho
fundamental de reunión. La Procuraduría General de la República también
subrayó en su criterio que la reunión pacífica es un derecho esencial en unademocracia y que las manifestaciones espontáneas deben ser protegidas, siempre
que no inciten a la violencia.
Una acusación que atenta contra los derechos democráticos
A pesar del fallo de la Sala Constitucional, el Ministerio Público mantiene la
acusación contra los estudiantes, argumentando que estos «impidieron y
obstruyeron» el tránsito vehicular al manifestarse en la ruta Interamericana Norte, a
la altura de la localidad de Santiaguito de San Ramón. Según la Fiscalía, los
estudiantes, junto con otras personas no identificadas, obstaculizaron la vía y
desobedecieron las órdenes de la policía para retirarse. Sin embargo, la defensa
sostiene que no hubo una interrupción real del tránsito, ya que siempre se mantuvo
un paso fluido de vehículos en uno de los carriles y existían vías alternas a ambos
lados de la autopista. Además, la defensa considera que la intervención policial fue
desproporcionada y violenta, pues la protesta transcurrió de manera pacífica, y los
ataques de la fuerza pública ocurrieron en el preciso momento en que el grupo de
manifestantes se retiraba de manera tranquila del lugar.
Este caso es crucial para el futuro de la protesta social en Costa Rica, ya que
sienta un precedente sobre el uso del artículo 263 bis para criminalizar la
participación ciudadana en manifestaciones. La Sala Constitucional ha dejado claro
que la norma no puede ser aplicada arbitrariamente para restringir derechos
fundamentales, por lo que la fiscalía tiene la carga de probar que los acusados
realmente impidieron el tránsito de manera injustificada y violenta.
Llamado a la solidaridad y defensa del derecho a la protesta
Las familias de los estudiantes, el movimiento estudiantil y diversas organizaciones
sociales hacen un llamado a la comunidad universitaria, sectores populares y
defensores de derechos humanos a movilizarse en defensa del derecho a la
protesta y la libertad de expresión. Invitan a acompañar a los estudiantes en los
tribunales de San Ramón este lunes 31 de marzo a las 6:00 p.m.
Defender la protesta es defender la democracia.
