Diputados aprueban ley contra capitales emergentes pese a críticas sobre afectación a garantías ciudadanas
La Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley que permite al Estado confiscar y apropiarse de bienes cuando existan sospechas razonables sobre su legitimidad, sin necesidad de un proceso penal previo. La medida ha generado un intenso debate, pues algunos legisladores consideran que podría afectar derechos fundamentales y poner en riesgo al sector empresarial.
Intentos de limitar la ley no prosperaron
Durante la discusión, un grupo de diputados intentó devolver el proyecto a la Comisión de Consultas de Constitucionalidad con el fin de limitar la aplicación de estas medidas exclusivamente a personas vinculadas con el narcotráfico y otras formas de crimen organizado. Además, propusieron que se solicitara criterio a instituciones clave como el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la moción fue rechazada por la mayoría.
La diputada María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cuestionó la falta de consultas técnicas sobre el impacto de la ley y aseguró que esto podría generar inseguridad jurídica. “Le planteamos mejoras, pero no logramos cambiar el umbral. Hay una mayoría que no quiso devolverlo a comisión”, manifestó.
Preocupaciones sobre el impacto en la ciudadanía y la empresa privada
Uno de los principales cuestionamientos a la ley es que podría permitir la confiscación de bienes sin pruebas contundentes ni debido proceso, lo que algunos consideran una amenaza a las garantías ciudadanas. Empresarios y sectores productivos han expresado su preocupación por la posibilidad de que la normativa afecte inversiones legítimas bajo la presunción de actividades ilícitas.
La reforma forma parte de una estrategia para combatir la delincuencia organizada y se basa en el criterio de “incrementos patrimoniales sin causa lícita aparente”. Esto implica que si una persona no puede justificar el origen de sus bienes, estos podrían ser congelados o expropiados por el Estado.
A pesar de las críticas, la mayoría legislativa respaldó la iniciativa, argumentando que es una herramienta clave para frenar el lavado de dinero y otros delitos financieros. Con su aprobación, la ley ahora deberá ser reglamentada y aplicada por las autoridades correspondientes.
