El Tribunal de Justicia del II Circuito Judicial de Goicoechea otorgó un plazo de un mes al Concejo Municipal de San Carlos para decidir si procede con una conciliación en un caso de presunto peculado que data de 2010. Esta decisión se produce tras un recurso de revocatoria presentado por los sancarleños Luis Ramón Carranza y Juan Carlos Bolaños contra el acuerdo del 27 de marzo, en el cual los regidores aprobaron una conciliación por 50 millones de colones para liberar de responsabilidad a empresarios y exfuncionarios municipales involucrados en el caso .
La vicealcaldesa Pilar Porras informó al Concejo Municipal que la administración solicitó al juzgado este plazo adicional, el cual fue concedido para permitir una revisión más detallada del acuerdo. Cabe destacar que la aprobación inicial de la conciliación se realizó sin la presencia de la asesora legal Alejandra Bustamante y sin un análisis previo, lo que impidió su revisión en la siguiente sesión del consejo .
El caso, registrado bajo el expediente 23-000029-0951-PE, se centra en presuntas irregularidades en licitaciones y contrataciones directas que habrían favorecido a familiares de la entonces coordinadora de proveeduría municipal, Jennifer Campos Zamora. Se alega que la empresa “Excavaciones Campos Zamora S.A.” utilizó a “Transportes Cruzco S.A.” como una pantalla para desviar fondos municipales, causando un perjuicio estimado en 108 millones de colones .
El juicio por este caso comenzó el 27 de marzo en el Tribunal de Justicia del II Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, donde se espera que testifiquen funcionarios municipales y denunciantes.
