La Sala Constitucional le dio tres días hábiles al presidente Rodrigo Chaves para que respalde, con pruebas en mano, sus acusaciones contra jueces del Poder Judicial.
Todo comenzó en la marcha contra el fiscal general, Carlo Díaz, donde Chaves, en su ya conocido estilo sin filtros ni anestesia, afirmó que “algunos jueces recibieron dinero para liberar delincuentes”. No mencionó nombres ni ofreció detalles, pero sí sembró la bomba mediática. Y como en Costa Rica el Estado de Derecho aún no está de vacaciones, alguien decidió tomar cartas en el asunto.
El encargado fue Jorge Eduardo Cartín, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud), quien, ante la falta de respuestas de Casa Presidencial, optó por irse por la vía legal y presentó un recurso de amparo.
Argumentó que se estaba violando el derecho de petición y el acceso a la información, pues su solicitud para conocer los nombres de los jueces señalados y los métodos de investigación usados fue ignorada olímpicamente.
Ahora, la Sala Constitucional ha dado curso al recurso y exige que en tres días hábiles se dé una respuesta concreta. Nada de discursos encendidos ni indirectas al viento: se necesitan hechos, nombres, pruebas y, ojalá, menos frases para titulares.
Parece que la hamaca tendrá que esperar. Entre ceviche y cocos fríos, al mandatario le toca buscar entre papeles (si es que existen) para demostrar que sus denuncias no fueron, una vez más, puro fuego de artificio.
Porque en democracia, hasta el presidente debe responder si habla de más.
