Este martes, el Plenario Legislativo aprobó en segundo y definitivo debate una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitirá a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) acceder a una pensión anticipada a partir de los 55 años de edad.
La medida está dirigida exclusivamente a los funcionarios cuyas labores demanden la portación de armas de fuego y que hayan cumplido un mínimo de 30 años de servicio continuo dentro del organismo. La iniciativa pretende reconocer la naturaleza riesgosa y exigente de sus funciones, considerando el desgaste físico y mental que enfrentan a lo largo de su carrera.
El proyecto fue respaldado por 40 diputados de diferentes fracciones legislativas, mientras que siete legisladores votaron en contra, todos pertenecientes a la fracción oficialista del presidente Rodrigo Chaves. Precisamente, el mandatario anunció con anticipación que vetará esta ley, al calificarla como un acto de “alcahuetería política” y señalar que tendría un impacto negativo en la sostenibilidad financiera del régimen de pensiones del Poder Judicial.
La discusión sobre este tipo de pensiones ha generado un intenso debate entre quienes defienden el reconocimiento a la labor de los agentes judiciales y quienes advierten sobre los riesgos de crear privilegios que podrían desequilibrar los sistemas de retiro público.
