El presidente de la República, Rodrigo Chaves, firmó un nuevo decreto ejecutivo que modifica radicalmente las condiciones dentro de los centros penitenciarios de máxima seguridad del país, eliminando varios privilegios que hasta ahora eran permitidos a las personas privadas de libertad.
La medida, según el mandatario, busca reforzar el control en estos centros, evitar el uso indebido de ciertos beneficios y fortalecer la seguridad tanto interna como externa del sistema penitenciario costarricense. La decisión fue anunciada este jueves en conferencia de prensa, donde Chaves fue enfático al señalar que “los reos no están de vacaciones” y que el Estado no puede permitir que desde las cárceles se continúe delinquiendo o se mantenga un estilo de vida que contradiga el propósito de una condena.
Entre las disposiciones más relevantes del nuevo decreto se encuentran:
- Prohibición total del acceso a televisión: A partir de la entrada en vigencia de la normativa, los reclusos de cárceles de máxima seguridad no podrán tener acceso a televisores en sus celdas ni en áreas comunes. Según el presidente, este tipo de entretenimiento no es esencial y puede ser utilizado para mantener contactos o actividades inapropiadas.
- Restricción de visitas conyugales: Estas se permitirán únicamente una vez cada dos meses, limitando así el contacto físico prolongado con parejas sentimentales. Anteriormente, la frecuencia de estas visitas era mayor y permitía encuentros más regulares.
- Prohibición del ingreso de alimentos externos: Ya no se permitirá que familiares o visitantes introduzcan comida desde el exterior. Todos los alimentos deberán ser proporcionados por el sistema penitenciario, en un intento por controlar mejor lo que entra a las cárceles y evitar el ocultamiento de sustancias prohibidas.
- Límites estrictos a las llamadas telefónicas: Cada recluso podrá realizar únicamente una llamada telefónica de 10 minutos por semana. Las autoridades indicaron que muchas de las llamadas hechas desde prisión eran utilizadas para coordinar actos delictivos, extorsionar o amenazar a personas fuera del penal.
El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, respaldó las nuevas medidas al señalar que “la prioridad es garantizar la seguridad del país, reducir los niveles de criminalidad y mantener un control estricto dentro de los centros penales, especialmente aquellos donde se encuentra la población más peligrosa”.
Reacciones encontradas
Las nuevas disposiciones han generado reacciones divididas. Algunos sectores aplauden la decisión del Ejecutivo, argumentando que es un paso necesario para frenar el crimen organizado desde las cárceles. No obstante, organizaciones de derechos humanos han manifestado preocupación, señalando que aunque es vital mantener el orden, también deben respetarse los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
“Es comprensible la necesidad de seguridad, pero se deben garantizar condiciones mínimas de dignidad y rehabilitación”, afirmó un representante del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
El decreto ya fue publicado en el diario oficial La Gaceta y comenzará a regir de forma inmediata en los centros penitenciarios clasificados como de máxima seguridad, entre ellos La Reforma y el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero.
¿Reforma o castigo?
Con esta acción, el gobierno de Rodrigo Chaves busca marcar una línea firme frente a la criminalidad, pero también plantea un debate de fondo sobre la función real de las cárceles: ¿castigo, rehabilitación o ambos?
