Costa Rica enfrenta una crisis ambiental y social por la minería ilegal, que ya cobra vidas y alimenta mafias en la zona norte.
Crucitas, Costa Rica. — Bajo la tierra de Crucitas, en la provincia de Alajuela, se esconden laberintos oscuros y estrechos, cavados por mineros ilegales que arriesgan sus vidas en busca de oro.
Estos túneles, que se ramifican como raíces venenosas, no solo amenazan el ecosistema, sino que se han convertido en trampas mortales. Hace unos meses, un coligallero perdió la vida al ser sepultado por un derrumbe, mientras otro resultó gravemente herido.
Estos sucesos exponen la crudeza de una crisis que evade el control de las autoridades y deja al país sin beneficios económicos, solo con cicatrices ambientales.
Túneles y Sacos: Las Nuevas Tácticas de la Minería Ilegal
Los llamados coligalleros han perfeccionado técnicas peligrosas. La primera consiste en excavar túneles de hasta 15 metros de profundidad, creando redes subterráneas inestables. “Son estructuras rudimentarias, sin soportes.
Un respiro fuerte podría derrumbarlas”, advierte un informe policial.
La segunda táctica, más discreta, implica extraer tierra en sacos para procesarla en lugares ocultos, evitando ser detectados. Según el ministro de Seguridad, Mario Zamora, esta modalidad refleja la desesperación por alcanzar la “beta madre”, la veta principal de oro que atrae a cientos desde Nicaragua y otras regiones.
Crimen Organizado y Fronteras Permeables
La fiebre del oro en Crucitas no es solo un problema ambiental, sino un negocio manchado de sangre. Zamora revela que más de 700 hectáreas están invadidas por mineros, superando los límites de la finca Vivoyet —custodiada por la policía—.
“Aquí opera una mafia que controla la extracción, el transporte y la venta del oro”, denuncia. El metal, una vez extraído, cruza fronteras hacia mercados ilegales, dejando a Costa Rica con bosques devastados, ríos contaminados con mercurio y suelos infértiles.
Falla Institucional y Daños Irreversibles
Aunque las autoridades realizan operativos —como el despliegue de 150 policías —, la minería persiste. “Por cada túnel que destruimos, surgen tres nuevos”, admite un agente bajo anonimato.
Los coligalleros, muchos de ellos migrantes nicaragüenses en condiciones de explotación, trabajan bajo amenazas de grupos criminales.
Mientras tanto, el Estado no recibe regalías: se estima que el 90% del oro sale clandestinamente, según datos del Ministerio de Ambiente.
Un Futuro Sombreado
Organizaciones ambientalistas exigen acciones contundentes. “Cada día perdido significa más deforestación y mercurio en nuestros ríos”, señala Ana Pérez, activista local.
Sin embargo, la solución es compleja. Zamora insiste en que se requiere cooperación internacional para frenar el tráfico y políticas de empleo que desincentiven la minería. Mientras tanto, los túneles siguen creciendo, y con ellos, el riesgo de más muertes y un daño ecológico irreversible.
Lo que se esconde en las entrañas de Crucitas no es solo oro, sino una tragedia anunciada.
