Restricción de visitas en cárceles genera reclamos ante la Sala Constitucional
Las recientes restricciones impuestas por el Gobierno en los centros penitenciarios del país han generado una ola de inconformidades por parte de los privados de libertad y sus familiares, quienes han presentado múltiples recursos ante la Sala Constitucional alegando una vulneración a sus derechos fundamentales.
El ministro de Justicia, Gerald Campos, aseguró que la administración se mantendrá firme en su decisión de limitar el acceso a los centros penales, como parte de una estrategia para frenar el ingreso de objetos prohibidos y mejorar el control dentro de las cárceles.
Las nuevas medidas fueron anunciadas oficialmente el pasado 23 de abril en la conferencia semanal del Poder Ejecutivo y ya han generado reacciones legales. Según información de La Nación, al menos cuatro recursos de amparo han sido presentados ante la Sala IV, la cual deberá analizar si las disposiciones contravienen derechos constitucionales.
Entre los principales cambios destacan:
- Reducción de las visitas familiares, que pasarán de una por semana a una por mes.
- Limitación de las visitas conyugales, ahora permitidas cada dos meses, en lugar de cada quince días.
- Eliminación de visitas íntimas sin pruebas de relación establecida.
- Restricción en el envío de encomiendas, limitado a una vez al mes e incluyendo únicamente artículos esenciales, aunque aún no se ha detallado cuáles.
- Disminución de la alimentación, pasando de siete porciones diarias a solo dos.
- Reducción drástica de las llamadas telefónicas, ahora limitadas a 10 minutos semanales, reemplazando el uso libre de teléfonos públicos.
Familiares e internos señalan que estas medidas impactan negativamente la salud emocional y física de los reclusos, así como sus vínculos familiares y derechos fundamentales.
El jerarca de Justicia defendió las acciones argumentando que muchas de estas visitas y beneficios estaban siendo aprovechados para introducir ilícitos, como drogas y celulares. “La Policía Penitenciaria no puede seguir cuidando alcahueterías”, afirmó Campos en declaraciones al medio.
Por otra parte, el Gobierno anunció que entre sus planes está la construcción de una nueva prisión de alta seguridad, que permitiría reducir el hacinamiento y mejorar las condiciones de infraestructura en los actuales centros de reclusión.
La discusión ahora queda en manos de la Sala IV, que deberá determinar si estas políticas, enmarcadas en una agenda de control más estricto, respetan los límites establecidos por la Constitución en cuanto a derechos humanos. ¿Querés que prepare una versión más breve o para redes sociales de esta noticia?
