Escazú, Costa Rica. La indignación y el dolor se apoderan de la familia del nicaragüense Otoniel Orozco Mendoza, de 35 años, tras conocerse que Eduardo Ramírez Zamora, el costarricense condenado por asesinarlo de 14 disparos, ya se encuentra en libertad y sin ningún tipo de control, a pesar de haber recibido una pena superior a los 20 años de prisión.
El crimen ocurrió el 3 de junio de 2024, en un exclusivo condominio en Escazú. Según el expediente judicial, Ramírez Zamora discutió con Orozco Mendoza por el uso de una llave de agua común en el complejo habitacional. La confrontación escaló rápidamente hasta que el costarricense, armado con una pistola, descargó 14 balazos contra el trabajador nicaragüense, quien murió en el lugar.
El hecho causó conmoción no solo por la brutalidad del ataque, sino también por la motivación aparentemente trivial que lo desató. Vecinos que atestiguaron lo sucedido quedaron impactados por la violencia con la que actuó Ramírez Zamora, quien fue detenido poco después y llevado a juicio.
El proceso penal concluyó con una condena que superó las dos décadas de prisión. Sin embargo, apenas unos meses después, un juez le otorgó el beneficio de cumplir la pena en su casa. Lo más polémico: sin tobillera electrónica, ni custodia policial ni ninguna medida que garantice su localización o la seguridad de la comunidad.
Esta decisión ha sido fuertemente criticada por la familia de la víctima, que se siente burlada por el sistema judicial costarricense. “Mi hermano fue asesinado como un animal, sin compasión. Ahora el asesino está tranquilo en su casa, mientras nosotros vivimos con el vacío de su ausencia”, expresó entre lágrimas uno de los hermanos de Orozco Mendoza.
Organizaciones defensoras de derechos humanos y grupos en apoyo a la población migrante también alzaron la voz. “Este caso muestra un sistema que no valora por igual la vida de un migrante. Hay un claro sesgo, una justicia selectiva que revictimiza a la familia de Otoniel”, denunció Patricia García, vocera de una organización de apoyo a migrantes nicaragüenses en Costa Rica.
La resolución judicial que permitió el traslado a casa de Ramírez Zamora está siendo analizada por expertos en derecho penal, quienes no encuentran justificación lógica ni legal para semejante medida, considerando la gravedad del delito, el peligro para la sociedad y el riesgo de fuga.
Por ahora, la familia de Otoniel Orozco no descarta acudir a instancias internacionales en busca de justicia. Mientras tanto, el sentimiento que predomina es uno solo: indignación.
