La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción imputó a la actual ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, y al exministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, por su presunta participación en irregularidades vinculadas con el proyecto de ampliación del aeropuerto internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste.
El escándalo en torno al aeropuerto Daniel Oduber Quirós sigue creciendo. Este martes, el Ministerio Público confirmó que Natalia Díaz Quintana, ministra de la Presidencia, y Luis Amador Jiménez, exministro del MOPT, se suman a la lista de altos funcionarios imputados en la investigación penal que busca esclarecer posibles delitos relacionados con el uso indebido de fondos públicos, tráfico de influencias y otras irregularidades en contrataciones estatales.
La acusación se relaciona con decisiones tomadas durante la gestión de ambos en torno al avance de obras en la terminal aérea, una de las más importantes para el turismo del país. Las autoridades judiciales investigan si ambos funcionarios intervinieron directa o indirectamente para autorizar, avalar o facilitar contratos que hoy están bajo sospecha.
Acusaciones puntuales:
- A Luis Amador se le señala por supuestamente haber impulsado contrataciones sin los debidos estudios técnicos, así como por permitir cambios contractuales que aumentaron los costos de las obras de manera considerable.
- En el caso de Natalia Díaz, la Fiscalía investiga su eventual injerencia política para favorecer ciertos procesos o contratistas, así como su conocimiento y posible aval de decisiones administrativas que se hicieron al margen de la normativa vigente.
Fuentes judiciales confirmaron que ambos fueron notificados en calidad de imputados, lo que implica que la Fiscalía los considera personas sospechosas en un proceso penal. Sin embargo, por el momento no se han girado medidas cautelares en su contra.
El proyecto de ampliación del aeropuerto Daniel Oduber Quirós ha estado envuelto en cuestionamientos por presuntas irregularidades en los procedimientos de contratación, el manejo de recursos y la ejecución de obras. El caso ganó notoriedad pública tras una serie de denuncias y auditorías internas que revelaron posibles sobrecostos, favoritismo a empresas y decisiones administrativas sin respaldo técnico.
A raíz de estos hallazgos, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía realizaron una serie de allanamientos en las viviendas y oficinas de exfuncionarios como Mauricio Batalla, Alejandro Picado, Fernando Naranjo, y ahora se confirma la inclusión de Díaz y Amador en la causa.
La ministra Natalia Díaz no se ha referido públicamente al caso, pero fuentes cercanas a Casa Presidencial indicaron que se encuentra “colaborando con las autoridades” y que el Gobierno respeta el proceso judicial.
Por su parte, Luis Amador, quien dejó el cargo a inicios de este año, no ha emitido declaraciones, aunque su entorno asegura que “todo se realizó bajo el marco legal y con el objetivo de mejorar la infraestructura nacional”.
El expediente judicial se encuentra en etapa de recolección y análisis de pruebas. Se espera que en las próximas semanas se convoque a los imputados a rendir declaración indagatoria. La Fiscalía no descarta que se giren medidas cautelares o incluso nuevas imputaciones conforme avance la investigación.
