San José, 14 de mayo de 2025 – Con 44 votos a favor, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este martes en segundo debate un proyecto de ley que permite la extradición de ciudadanos costarricenses en casos relacionados con tráfico internacional de drogas y terrorismo, una decisión histórica que modifica una prohibición establecida desde hace décadas en la Constitución y en el Código de Procedimientos Penales.
La iniciativa, impulsada por la diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo, fue respaldada por el bloque legislativo del oficialismo y recibió amplio apoyo de otras fracciones parlamentarias, reflejando el consenso en torno a la urgencia de fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.
“Hoy Costa Rica da un paso valiente para dejar de ser un refugio para los grandes capos del narcotráfico y para aquellos que promueven el terrorismo desde nuestras fronteras”, manifestó Cisneros tras la votación. Agregó que el país necesita alinearse con estándares internacionales que exigen mayor colaboración para enfrentar estos delitos de carácter transnacional.
Una reforma histórica
Hasta ahora, la legislación costarricense prohibía expresamente la extradición de nacionales, amparada en el artículo 32 de la Constitución Política y en principios tradicionales de soberanía. Con esta reforma, se abre la puerta a que ciudadanos costarricenses puedan ser entregados a la justicia de otros países, siempre y cuando estén vinculados con casos de narcotráfico internacional o terrorismo, delitos considerados de alto impacto global.
La reforma establece una serie de garantías constitucionales y judiciales, incluyendo el derecho del acusado a ser juzgado con las debidas garantías procesales en el país solicitante y la revisión del caso por parte de la Sala Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, para asegurar el respeto de los derechos humanos.
Apoyo y reacciones
La decisión ha sido celebrada por sectores judiciales, expertos en seguridad y organismos internacionales, que durante años señalaron la necesidad de cerrar los vacíos legales que permitían la impunidad de figuras vinculadas al crimen organizado en Costa Rica.
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, indicó que esta reforma refuerza la posición del país ante convenios internacionales y lo convierte en un aliado más efectivo en la lucha regional contra el narcotráfico. “Este cambio envía un mensaje claro: Costa Rica no tolerará que su nacionalidad sea usada como escudo para el crimen”, afirmó.
Críticas y advertencias
No obstante, la medida también ha generado preocupaciones en algunos sectores jurídicos y defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre la necesidad de criterios claros y estrictos para aplicar la extradición, a fin de evitar abusos o interpretaciones amplias que puedan vulnerar garantías fundamentales.
Lo que sigue
Con la aprobación en segundo debate, el proyecto pasará ahora al Poder Ejecutivo para su firma y publicación en el diario oficial La Gaceta. Una vez en vigor, las solicitudes de extradición deberán ser tramitadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores en conjunto con el Poder Judicial, en coordinación con los países solicitantes.
La reforma representa un cambio de paradigma en la política penal costarricense y marca un punto de inflexión en la manera en que el país enfrenta los desafíos del crimen organizado y el terrorismo global.
