El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció que vetará la Ley de Extinción de Dominio, una herramienta jurídica aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa y que permitiría al Estado confiscar bienes adquiridos de forma ilícita, incluso sin condena penal, especialmente en casos relacionados con el narcotráfico, corrupción y crimen organizado.
Chaves argumentó que, tal como fue aprobada, la ley representa un riesgo para la propiedad privada y puede prestarse para abusos administrativos. “El principio de presunción de inocencia se ve debilitado con esta ley. En Costa Rica debemos castigar a los delincuentes, sí, pero respetando siempre las garantías constitucionales”, declaró el mandatario en conferencia de prensa.
¿Qué dice la ley?
La Ley de Extinción de Dominio permite al Estado recuperar bienes que hayan sido obtenidos mediante actividades ilícitas, como narcotráfico, legitimación de capitales, trata de personas, corrupción y otros delitos graves. Esta figura jurídica es independiente del proceso penal, por lo que los bienes pueden ser incautados sin necesidad de que exista una sentencia condenatoria.
Entre sus principales características destacan:
- No requiere condena previa para proceder con la incautación.
- El proceso se tramita en la jurisdicción civil, no penal.
- El Estado debe probar que los bienes no tienen un origen lícito.
- La carga de la prueba puede recaer en el acusado para justificar la legalidad de su patrimonio.
Razones del veto presidencial
El presidente Chaves y su equipo jurídico consideran que la norma, en su forma actual, vulnera derechos fundamentales como el debido proceso, la seguridad jurídica y la presunción de inocencia. Temen que la ley abra una puerta peligrosa a la arbitrariedad del Estado, permitiendo que personas inocentes pierdan sus bienes sin una sentencia firme.
Además, señalan que el texto aprobado por los diputados no incorpora suficientes garantías para evitar que la extinción de dominio sea utilizada como herramienta política o como mecanismo de persecución indebida.
Reacciones encontradas
El anuncio del posible veto generó reacciones inmediatas. Mientras algunos sectores respaldan la decisión del Ejecutivo por los riesgos que plantea, otros, especialmente en el Poder Judicial, la Fiscalía y la Asamblea Legislativa, consideran que la ley es urgente para enfrentar con mayor eficacia el avance del crimen organizado en el país.
La Fiscalía ha insistido en que el narcotráfico ha permeado muchas instituciones y que una herramienta como la extinción de dominio es vital para golpear el poder económico de los grupos criminales.
Ahora, el país queda a la expectativa del trámite formal del veto y de una eventual nueva negociación legislativa para ajustar el texto, en busca de un balance entre el combate al crimen y el respeto a los derechos fundamentales.
