San José, 16 de mayo de 2025 – El futuro legal del presidente Rodrigo Chaves queda ahora en manos de la Corte Plena, luego de que se completara el informe judicial sobre la acusación penal que enfrenta por el presunto delito de concusión, relacionado con una contratación estatal cuestionada.
La investigación, liderada por la Fiscalía General, señala que tanto el presidente Chaves como el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, habrían intervenido para beneficiar irregularmente a una empresa privada, RMC La Productora S.A., en un proceso contractual con fondos superiores a los $400 mil dólares.
El expediente, revisado por un magistrado de la Sala de Casación Penal por tratarse de un miembro de los supremos poderes, ya fue trasladado a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, donde los 24 magistrados deberán discutir si existen elementos suficientes para solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad presidencial.
De acuerdo con el Código Penal costarricense, el delito de concusión castiga con dos a ocho años de prisión a cualquier funcionario que, abusando de su cargo, obligue o convenza a otra persona de entregar un bien o beneficio patrimonial indebido, sea para sí o para terceros.
El caso
Según el Ministerio Público, los hechos se remontan a una contratación diseñada presuntamente para favorecer a la empresa mencionada, la cual ofreció servicios de comunicación y asesoría estratégica a Casa Presidencial entre 2022 y 2026.
La Fiscalía sostiene que Christian Bulgarelli Rojas, dueño de la empresa y productor audiovisual, fue inducido por Chaves y Rodríguez para realizar un pago de $32.000 a Federico Cruz Saravanja, asesor cercano del mandatario, con fondos procedentes de una ayuda técnica no reembolsable del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En su declaración ante las autoridades, Bulgarelli aseguró que fue instruido directamente desde la Casa Presidencial para redactar los términos del contrato, hecho que, según la acusación, viola principios básicos de transparencia y legalidad.
Como parte del proceso, la Fiscalía aplicó a Bulgarelli un criterio de oportunidad, es decir, se suspendió su persecución penal a cambio de colaboración efectiva en la causa.
Próximos pasos
La Corte Plena deberá evaluar si el informe y las pruebas recopiladas justifican continuar con el procedimiento de levantamiento de inmunidad. Si la mayoría de los magistrados así lo considera, la solicitud será enviada al Congreso, que tendría la última palabra sobre si el presidente puede ser procesado penalmente durante su mandato.
Este proceso se da en un contexto político delicado, ya que faltan menos de diez meses para las elecciones presidenciales. La decisión final marcará un precedente importante en la relación entre el poder judicial y el poder ejecutivo en Costa Rica.
