Sala Constitucional obliga a Presidencia a revelar gastos y detalles de cena con Nayib Bukele
La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de la Presidencia entregar, en un plazo de tres días hábiles, toda la información relacionada con la cena oficial que el Gobierno de Costa Rica sostuvo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en noviembre de 2023.
La resolución se dio luego de que el diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, interpusiera un recurso de amparo al considerar que se le negó información pública de interés nacional. La Sala IV resolvió a favor del legislador, señalando que la Presidencia incurrió en una violación al derecho de acceso a la información pública, consagrado en la Constitución Política.
Entre los datos que ahora deberá entregar el Ejecutivo figuran: el costo total del evento, la lista detallada de invitados y acompañantes, los motivos de la actividad y cualquier otro documento o respaldo relacionado con la organización de la cena de Estado.
Denise Mora, vocera de la Sala Constitucional, confirmó que se condenó al Estado por este caso, al determinarse una falta en la obligación de transparencia por parte de la Presidencia. La sentencia establece que el Gobierno debe facilitar los datos solicitados sin más demoras, en cumplimiento del principio de publicidad de los actos públicos.
El diputado Ortega celebró la decisión del alto tribunal, calificándola como un paso importante para garantizar el acceso a la información y el control ciudadano sobre el uso de los recursos públicos. “Es inaceptable que se le niegue información a un legislador que simplemente está cumpliendo con su labor de fiscalización. El pueblo tiene derecho a saber cómo se gastan los fondos públicos”, expresó Ortega.
El evento con Bukele generó críticas desde diferentes sectores, no solo por la falta de transparencia en sus costos y organización, sino también por su contexto diplomático y político. La visita del presidente salvadoreño no fue acompañada por una agenda oficial clara, lo que generó cuestionamientos sobre su propósito y alcance.
Se intentó obtener una reacción oficial del Ministerio de la Presidencia sobre el fallo y las medidas que adoptará, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
La sentencia de la Sala IV representa un nuevo llamado de atención a las instituciones públicas sobre su deber de rendir cuentas y garantizar el acceso a la información, especialmente en eventos de carácter protocolario que involucran fondos estatales.
