Caso Marco Antonio Sánchez: Indulto presidencial a condenado por delitos sexuales contra menores
Un análisis sobre la impunidad, las políticas de excarcelación y el riesgo social en Nicaragua
Resumen del caso
Marco Antonio Sánchez, de 38 años, fue condenado en 2016 a 7 años y 6 meses de prisión por violación agravada en grado de frustración contra un menor de 14 años. Sin embargo, en diciembre de 2021, el régimen de Daniel Ortega lo liberó anticipadamente bajo el programa de «convivencia familiar», alegando «buena conducta» . En marzo de 2023, Sánchez fue nuevamente arrestado por estupro contra una adolescente de 16 años, a quien habría manipulado mediante pagos simbólicos (30 córdobas por besos) y aprovechando su inmadurez. A pesar de admitir los hechos en junio de 2023, fue liberado el 18 de mayo de 2025 bajo el mismo beneficio, generando alarma social .
Detalles legales y contradicciones
- Primer delito (2016):
- La víctima era un menor de 14 años. Según el Código Penal de Nicaragua, esto constituye violación, con penas de 12 a 15 años. Sin embargo, la sentencia reducida a 7.5 años y su excarcelación anticipada evidencian irregularidades en la aplicación de la ley.
- El beneficio de «convivencia familiar» incluía condiciones como abstenerse de alcohol y presentarse mensualmente ante autoridades, las cuales incumplió al reincidir .
- Segunda acusación (2023):
- Sánchez aprovechó la proximidad con la víctima, quien frecuentaba su residencia en Masaya. El estupro —definido como relaciones sexuales con personas entre 14 y 16 años en contextos de asimetría de poder— fue admitido por el acusado en una audiencia, evitando un juicio público.
- A pesar de la gravedad, su liberación en mayo de 2025 muestra un patrón de impunidad recurrente .
Contexto político: Indultos masivos y discursos oficiales
La vicepresidenta Rosario Murillo ha defendido estas excarcelaciones como una «segunda oportunidad» para reos comunes, argumentando que solo el 7.3% de los liberados reinciden (según cifras oficiales). No obstante, organizaciones civiles y medios independientes denuncian que:
- Entre mayo de 2015 y febrero de 2025, más de 48,000 reos comunes han sido liberados, incluidos casos de violencia sexual y homicidios .
- Estas medidas coinciden con críticas internacionales al régimen por represión política, incluyendo el cierre de ONG y encarcelamiento de opositores .
- Murillo ha vinculado las liberaciones a una supuesta «molestia» de sectores opositores, a quienes tilda de «apátridas» y «golpistas» .
Impacto social y preocupaciones
- Inseguridad ciudadana: Organizaciones locales reportan un aumento de robos, violencia sexual y homicidios tras las excarcelaciones masivas. Ejemplo emblemático es el caso de Leonel José Solís, indultado en mayo de 2025 pese a antecedentes de abuso sexual .
- Vulnerabilidad de menores: La liberación de delincuentes sexuales expone a niñas y adolescentes a riesgos sistemáticos, especialmente en comunidades con escaso acceso a justicia .
- Normalización de la impunidad: La falta de transparencia en los criterios para otorgar indultos y la ausencia de mecanismos de vigilancia post-liberación refuerzan un ciclo de violencia .
Reacciones internacionales
La comunidad internacional ha condenado las políticas del régimen Ortega-Murillo. En noviembre de 2021, el presidente Joe Biden emitió una proclamación para suspender visas a funcionarios nicaragüenses involucrados en violaciones de derechos humanos, incluyendo a Murillo y miembros del sistema penitenciario . Además, organismos como la OEA han analizado la situación, aunque sin resultados concretos ante la resistencia del gobierno .
Conclusión
El caso de Marco Antonio Sánchez refleja un entramado de debilidad institucional, politización de la justicia y desprotección a víctimas de violencia sexual en Nicaragua. Mientras el régimen insiste en normalizar las excarcelaciones como gestos de «paz», la sociedad civil exige medidas urgentes para garantizar seguridad y respeto a los derechos humanos. La impunidad, en este contexto, no solo perpetúa el dolor de las víctimas, sino que consolida un sistema donde el poder político prevalece sobre la ley.
