La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) confirmó que investiga una presunta red dedicada al tráfico de personas migrantes indocumentadas desde la frontera norte de Costa Rica hacia el interior del país. Según Dijo Omer Badilla, director de Migración, la Policía Profesional de Migración (PPM) a “Diario Extra” mantiene una vigilancia permanente en coordinación con la Fiscalía, ante el aumento de casos detectados.
“Sí, hay redes que se dedican a trasegar migrantes, y nosotros estamos en ese análisis, identificándolos. Es un trabajo que la Policía de Migración realiza todos los días”, señaló Badilla en entrevista con Diario Extra.
Las investigaciones se han intensificado recientemente, luego de varias detenciones en las que se ha vinculado incluso a taxistas como presuntos facilitadores del transporte de personas en condición migratoria irregular. La DGME indicó que se cuenta con una unidad de inteligencia especializada, la cual monitorea estas redes diariamente y actúa en coordinación con el Ministerio Público.
El gremio de taxistas rechaza los señalamientos
Rubén Vargas, representante de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), dijo a Diario Extra estar en contra de las acusaciones. Argumenta que los taxistas no tienen competencia legal para verificar el estatus migratorio de los pasajeros y que la responsabilidad no debe recaer únicamente sobre ellos.
“El taxista no es funcionario de Migración ni del Ministerio de Seguridad. Si recoge a una persona que le paga la carrera, cumple con su trabajo. Se está queriendo cargar toda la culpa sobre nosotros”, dijo Vargas, quien también denunció presiones para beneficiar a empresas de transporte autorizadas.
Según el dirigente, en algunas zonas del país hay decenas de denuncias semanales que involucran a taxistas transportando personas entre la frontera norte y el centro del país. Afirma que muchas de esas acusaciones responden a intereses económicos que buscan desplazar al sector formal.
Red criminal “Los Talibanes” opera desde Los Chiles
Uno de los focos de atención más preocupantes se encuentra en el cantón de Los Chiles, en la zona norte, donde presuntamente opera una red conocida como “Los Talibanes de Los Chiles”. Este grupo no tiene una estructura jerárquica clara, pero funciona como una organización de guías ilegales o “coyotes” que trafican migrantes, drogas, animales y mercancías por pasos no habilitados a lo largo de los 309 kilómetros de frontera entre Costa Rica y Nicaragua.
Estos grupos conocen perfectamente el terreno y se aprovechan de la limitada presencia estatal. Utilizan rutas como Medio Queso, La Trocha, El Jobo y el delta del río San Juan para movilizar personas y productos de contrabando, burlando los controles fronterizos oficiales en Peñas Blancas y Las Tablillas.
“Ellos saben por dónde pasar sin ser vistos. Algunos son nacidos aquí, otros vienen de Nicaragua, pero todos conocen la zona como la palma de su mano”, relató un vecino de la comunidad que pidió no ser identificado por seguridad.
Los migrantes deben pagar entre $50 y $200 por ser guiados a través de la frontera. Aquellos que no pueden pagar son muchas veces abandonados en zonas peligrosas o entregados a grupos rivales. Hay reportes de abusos, amenazas y hasta agresiones físicas por parte de los traficantes.
Detenciones en aumento
El Ministerio de Seguridad Pública ha reportado la captura de al menos 15 presuntos traficantes de personas en lo que va del año, solo en el cantón de Los Chiles. En el caso más reciente, un hombre de apellido Calvo fue arrestado en el sector de Tablillas tras transportar a seis nicaragüenses que ingresaron de forma irregular por el paso conocido como Los Mangos. Entre los migrantes se encontraba un bebé. El conductor cobró ¢3.000 por persona y fue remitido a la Fiscalía, mientras que los migrantes quedaron bajo custodia de Migración para su repatriación.
Frontera porosa, crimen en expansión
Además del tráfico de personas, las rutas clandestinas del norte son utilizadas por organizaciones criminales para mover droga, armas, dinero, animales silvestres y ganado robado. Según datos del Ministerio de Seguridad Pública, hay tramos de hasta 30 kilómetros sin presencia policial, lo que convierte a la zona en un corredor ideal para la delincuencia organizada.
Puntos como Isla Calero, La Trocha Fronteriza, El Delirio, San Emilio y Bijagua también son utilizados para actividades ilícitas. Las condiciones geográficas –pantanos, selvas, ríos y caminos rurales– complican aún más la vigilancia. La falta de tecnología como drones o cámaras de seguridad también limita las capacidades de respuesta inmediata de las autoridades.
El drama de los migrantes
Cada semana, se detectan decenas e incluso cientos de personas cruzando ilegalmente por la frontera norte. Son en su mayoría migrantes haitianos, venezolanos, africanos y nicaragüenses, quienes enfrentan condiciones extremas y vulnerabilidad ante las redes criminales.
“Cuando los detenemos, muchos relatan haber sido extorsionados, golpeados o abandonados. No hay humanidad en ese negocio”, lamentó un oficial de la Policía de Fronteras.
Urge reforzar la presencia estatal
Costa Rica cuenta con alrededor de 650 mojones o hitos fronterizos para delimitar el territorio con Nicaragua, muchos ubicados en zonas remotas o selváticas. La protección de esa extensa línea fronteriza requiere un esfuerzo interinstitucional, mayor inversión tecnológica y la colaboración de las comunidades locales, muchas de las cuales viven entre el temor y la necesidad.
El Gobierno enfrenta el desafío de equilibrar la protección de los derechos humanos de los migrantes con la lucha contra el crimen organizado que prolifera en estas zonas desprotegidas. La situación en la frontera norte es compleja y demanda atención urgente.
