Sala Constitucional da la razón a periodistas y reconoce violaciones a la libertad de prensa y acceso a la información
La Sala Constitucional resolvió dos recursos de amparo a favor de periodistas que denunciaron actos de censura y obstrucción durante conferencias de prensa celebradas en el año 2024. Las resoluciones marcan un precedente importante en la defensa de la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información pública en Costa Rica.
En el primer caso, la Sala declaró con lugar el recurso interpuesto por los comunicadores David Bolaños Acuña, David Chavarría Hernández y Héctor Guzmán Suárez, quienes señalaron haber sido interrumpidos por el presidente de la República durante una conferencia de prensa, además de que se les impidió realizar repreguntas. El alto tribunal consideró que esta conducta constituyó una violación directa al principio de libertad de prensa, el cual está protegido constitucionalmente.
En su fallo, los magistrados destacaron que los periodistas deben tener la posibilidad de ejercer su labor informativa sin interferencias, especialmente en espacios públicos destinados al escrutinio y la rendición de cuentas, como lo son las conferencias de prensa presidenciales.
En el segundo caso, la Sala resolvió parcialmente con lugar un recurso presentado por otro periodista, cuyo nombre no trascendió públicamente, en el que se denunció la falta de respuesta por parte del Ministerio de la Presidencia a una consulta oficial relacionada con las jornadas laborales 4×3. Los magistrados concluyeron que hubo una violación al derecho constitucional de acceso a la información pública, al no atenderse adecuadamente la solicitud dentro de los plazos y procedimientos legales establecidos.
Como parte de ambas resoluciones, la Sala ordenó al Estado resarcir los daños y perjuicios ocasionados a los comunicadores afectados, tanto en lo referente a la censura como a la falta de transparencia institucional.
Estas decisiones refuerzan el papel de la prensa como pilar fundamental de la democracia y envían un mensaje claro a las autoridades sobre la necesidad de respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos y los profesionales de la comunicación.
