Costa Rica frente al lavado de dinero: pocos decomisos, vacíos legales y sectores vulnerables
Durante el año 2024, la lucha contra el lavado de activos en Costa Rica ha mostrado avances significativos en algunas áreas, pero también evidentes limitaciones en otras. Datos de la Fiscalía General indican que se tramitaron 164 nuevos casos bajo la figura de legitimación de capitales, pero solo se lograron 12 condenas y $83.8 millones recuperados. Lo más preocupante: apenas en 8 de estos expedientes se consiguió el decomiso efectivo de bienes, lo que revela un margen de éxito muy reducido en la aplicación de la justicia contra este delito financiero.
Aunque la Sala Constitucional ya dio luz verde a una reforma clave de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (Ley 8754), el proyecto permanece estancado en la Asamblea Legislativa, víctima de la falta de acuerdos entre las distintas fracciones políticas. Esta parálisis legislativa ha impedido fortalecer los mecanismos legales necesarios para atacar con mayor contundencia al crimen organizado y el lavado de dinero.
Inteligencia financiera con avances… y nuevos desafíos
En el campo de la inteligencia financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) recibió 524 reportes de operaciones sospechosas en 2024, que involucraban más de $384 millones. De esos reportes, 102 casos fueron trasladados al Ministerio Público para su investigación.
Gracias a estos mecanismos de alerta, se logró el congelamiento de activos por un valor de $7.4 millones, evitando su circulación en la economía formal. No obstante, la proliferación de criptomonedas y la ausencia de un marco normativo claro en esta materia están generando nuevos riesgos para el sistema financiero nacional. Las monedas virtuales permiten mover fondos de manera ágil, muchas veces sin que exista supervisión clara o capacidad para rastrear su origen, lo cual debilita las estrategias de control.
Supervisión financiera: pasos firmes, pero insuficientes
Desde el ámbito regulatorio, Costa Rica ha avanzado en fortalecer la supervisión financiera. La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) supervisa actualmente a más de 5.200 entidades, y ha comenzado a implementar controles más estrictos, como el rechazo de servicios financieros a personas o empresas que no cumplen con los requisitos establecidos.
Sin embargo, la efectividad de esta vigilancia se ve limitada por la falta de actualización del marco legal. El informe resalta la urgente necesidad de que la Asamblea Legislativa apruebe varios proyectos claves, entre ellos:
- Expediente 23.415: para regular el mercado de criptoactivos.
- Expediente 9.416: enfocado en la lucha contra el fraude fiscal.
- Expediente 22.552: que endurece las penas por legitimación de capitales.
De concretarse estas reformas, el país podría contar con herramientas más modernas y robustas para prevenir, investigar y sancionar eficazmente el lavado de dinero.
Estados Unidos vuelve a encender las alertas
El más reciente Informe de Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2025, elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, vuelve a colocar a Costa Rica bajo la lupa internacional. El documento señala que el país sigue siendo un destino atractivo para el lavado de activos, principalmente debido al crecimiento del narcotráfico y la consolidación de redes del crimen organizado.
A pesar de no ser considerado un centro financiero relevante en la región, el informe advierte que las debilidades estructurales y operativas permiten que fondos ilícitos circulen con relativa facilidad por el sistema económico costarricense. Esta evaluación, entregada al Congreso estadounidense, pone en evidencia los riesgos de que Costa Rica siga sin fortalecer su arquitectura legal y de control.
Los aeropuertos y pasos fronterizos de Costa Rica continúan siendo canales clave para el movimiento de dinero de procedencia ilegal, según reveló el más reciente informe del Gobierno de Estados Unidos sobre narcotráfico y crimen organizado en Centroamérica. A pesar de los avances en materia de seguridad, el país se mantiene como una zona estratégica para operaciones del crimen transnacional, especialmente el trasiego de cocaína hacia Norteamérica y Europa.
Entre enero y octubre de 2024, gracias a la colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), las autoridades costarricenses confiscaron $1,2 millones en efectivo que no habían sido reportados. Estas incautaciones forman parte del Programa de Seguridad Conjunta, que opera especialmente en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
Uno de los casos más recientes ocurrió el 11 de marzo de 2025, cuando una ciudadana coreana fue detenida con más de $112.000 en efectivo ocultos en su equipaje. De acuerdo con la Policía Aeroportuaria, el dinero no fue declarado y se presume que tenía un origen ilícito vinculado al blanqueo de capitales.
Sectores bajo alto riesgo
El análisis identifica ocho sectores económicos altamente expuestos al blanqueo de capitales:
- Construcción
- Mercado inmobiliario
- Compraventa de vehículos
- Cambio de divisas
- Hotelería
- Juegos de azar
- Apuestas deportivas legales
- Tráfico de oro
El informe señala que muchas de estas actividades, en especial los casinos y plataformas de apuestas en línea, operan con débil fiscalización o incluso en zonas grises de la ley, lo que las convierte en puertas de entrada para dinero ilícito.
Conclusión:
Costa Rica ha logrado avances técnicos e institucionales importantes, pero la realidad muestra que la respuesta sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del problema. Mientras no se aprueben reformas legislativas claves y no se refuercen los controles sobre sectores vulnerables, el país continuará siendo terreno fértil para las operaciones financieras del crimen organizado.
