Un nuevo informe del Departamento de Estado de Estados Unidos lanza fuertes señalamientos contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Según el documento, el gobierno nicaragüense no solo facilita el flujo de migrantes irregulares hacia el norte del continente, sino que también ha convertido las leyes contra el lavado de dinero en un instrumento para silenciar a sus críticos políticos.
El informe —titulado “Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2025”, elaborado por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley— describe un deterioro alarmante en el compromiso del país centroamericano con el combate al crimen organizado y la transparencia financiera.
“Nicaragua continúa retrocediendo en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El gobierno facilita la trata de personas al mantener políticas migratorias laxas, y confisca propiedades de manera arbitraria para transferirlas a entidades estatales”, se lee en el texto.
Leyes que oprimen, no que protegen
Uno de los aspectos más graves del informe es la denuncia de que la Ley de Lavado de Dinero —reformada por la Asamblea Nacional en 2024— no está siendo aplicada para combatir delitos financieros reales, sino para perseguir a disidentes políticos. La represión, señala el documento, incluye la confiscación de bienes, la criminalización sin pruebas y el uso del sistema judicial como brazo del poder ejecutivo.
“Persisten preocupaciones sobre el uso de estas leyes para atacar a la oposición en lugar de enfrentar al crimen organizado, en un contexto donde el Estado de derecho está comprometido y la justicia opera con fines políticos”.
Corrupción e impunidad bajo un velo de secretismo
El informe lamenta la falta de datos oficiales sobre el lavado de dinero, lo que eleva significativamente los riesgos financieros internacionales. Los medios de comunicación independientes —a pesar de la censura— han documentado casos de corrupción, trata de personas y lavado de activos. Sin embargo, el gobierno no ha publicado informes oficiales, ni ha transparentado medidas reales para combatir estos delitos.
Además, se reconoce el valor del periodismo independiente en la denuncia de estos abusos, mientras que Estados Unidos ha impuesto sanciones a figuras clave del régimen, como la procuradora general Wendy Morales y entidades como el Centro de Entrenamiento del Ministerio del Interior ruso en Managua, por su papel en la represión interna.
Migración como negocio y estrategia geopolítica
Otro de los hallazgos inquietantes del informe es la forma en que el régimen ha convertido la migración irregular en una fuente de ingresos y una herramienta de presión regional. Nicaragua ha flexibilizado sus políticas de visado, permitiendo la entrada masiva de migrantes provenientes de África y Asia, quienes luego continúan su viaje hacia la frontera sur de Estados Unidos.
Estas medidas no solo facilitan los flujos migratorios irregulares, sino que también generan recursos mediante el cobro de multas a los migrantes indocumentados, a quienes se les permite transitar libremente por el país.
“El gobierno fomenta los viajes irregulares y se beneficia económicamente de ellos, mientras utiliza la política migratoria con fines ideológicos y estratégicos”.
El caso Mountain Gateway: símbolo de persecución religiosa y abuso judicial
El informe también denuncia el caso de 13 miembros de la organización evangélica estadounidense Mountain Gateway, arrestados en diciembre de 2023 bajo cargos de lavado de dinero. A pesar de la falta de pruebas, fueron condenados a entre 12 y 15 años de prisión y multas millonarias. En septiembre de 2024, fueron liberados junto a otros presos políticos y deportados a Guatemala, además de ser despojados de su nacionalidad nicaragüense.
Este caso, que refleja la instrumentalización del sistema judicial para fines de control y castigo, ha sido condenado por organismos internacionales y defensores de derechos humanos.
Aislamiento internacional y cooperación limitada
Finalmente, el documento señala que, aunque Nicaragua forma parte del GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica), no es miembro del Grupo Egmont, lo que limita su capacidad de cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero. Además, desde 2021 no ha compartido información sobre sus actividades financieras, lo que refuerza la percepción de opacidad y falta de voluntad para cumplir con estándares internacionales.
El informe concluye que el régimen Ortega-Murillo ha desvirtuado completamente los mecanismos legales diseñados para garantizar seguridad y justicia, convirtiéndolos en herramientas de control político y económico. Una situación que, según Estados Unidos, pone en riesgo no solo a los ciudadanos nicaragüenses, sino también a la región en su conjunto.
