Durante la sesión de Corte Plena de este lunes, varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia lanzaron una seria advertencia: los salarios actuales dentro del Poder Judicial no resultan atractivos ni competitivos, lo que representa un obstáculo real para mejorar la eficiencia y calidad de los servicios judiciales en el país, detalla información del “Noticias Monumental”
Los señalamientos surgen en momentos en que diferentes despachos enfrentan dificultades para reclutar personal capacitado, especialmente en áreas clave como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fiscalía, la Defensa Pública y los propios tribunales. El origen del problema, según indicaron los magistrados, estaría relacionado directamente con las limitaciones impuestas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la Ley Marco de Empleo Público.
“Crisis salarial” pone en riesgo la operatividad judicial
Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional y expresidente de la Corte, fue enfático en señalar que el sistema enfrenta una verdadera “crisis salarial”, al tiempo que expresó su preocupación por la desmotivación de funcionarios y la fuga de talento hacia el sector privado.
“Estamos perdiendo personal valioso porque los salarios no compiten con lo que se ofrece fuera del sector público. Esto pone en riesgo la continuidad y la calidad de los servicios esenciales que prestamos a la ciudadanía”, manifestó Cruz ante sus colegas.
Puestos vacantes por falta de atractivo económico
En la misma línea, Patricia Solano, magistrada y presidenta de la Sala Tercera, aseguró que algunos cargos dentro del Poder Judicial permanecen vacantes durante meses debido a que los salarios ofrecidos no resultan lo suficientemente atractivos. Según explicó, esto dificulta tanto la atracción de nuevo personal como la retención de funcionarios con experiencia.
“Hay áreas técnicas que requieren formación especializada, pero cuando el mercado privado ofrece mejores condiciones, simplemente no logramos competir”, expresó Solano.
Por su parte, la magistrada Sandra Zúñiga, también de la Sala Tercera, destacó que las recientes reformas legales, aunque necesarias desde el punto de vista fiscal, han generado un “reto estructural” para el Poder Judicial, obligando a las autoridades a replantear estrategias para mantener la operatividad institucional sin comprometer la calidad del servicio.
Contexto: recurso judicial de letrados reabre debate
Las declaraciones de los magistrados se dieron durante la discusión de un recurso presentado por personal que se desempeña como letrado en diversas dependencias judiciales, quienes reclaman mejores condiciones laborales. El recurso ha reabierto el debate sobre el equilibrio entre la sostenibilidad fiscal del Estado y la necesidad de contar con un sistema judicial fortalecido.
El tema también revive las tensiones entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, particularmente en torno a la autonomía institucional frente a las reformas salariales de alcance nacional.
Impacto directo en la ciudadanía
La preocupación va más allá de un simple reclamo salarial. Según coinciden varios sectores jurídicos, un Poder Judicial debilitado por falta de recursos humanos pone en riesgo el acceso efectivo a la justicia para miles de costarricenses. La mora judicial, la lentitud en procesos penales, la saturación del OIJ y la sobrecarga en los tribunales son algunos de los efectos ya visibles.
¿Cómo revertir la situación?
Aunque no se plantearon soluciones concretas durante la sesión, varios magistrados insistieron en la necesidad de establecer mesas de diálogo con los otros poderes del Estado y revisar mecanismos que permitan ajustes diferenciados para el Poder Judicial, respetando su independencia y garantizando un servicio de calidad.
“Sin talento humano motivado y adecuadamente remunerado, es imposible avanzar hacia una justicia más ágil y accesible”, concluyó uno de los magistrados.
