San José / Zona Norte, 12 de junio de 2025 — Los 12 detenidos en el operativo “Purga”, una de las mayores investigaciones antidrogas en la historia reciente de Costa Rica, podrían convertirse en los primeros ciudadanos costarricenses en ser extraditados bajo la nueva reforma constitucional que permite la entrega de nacionales requeridos por delitos de narcotráfico o terrorismo.
La posibilidad de extradición surge luego de que las autoridades europeas manifestaran interés en juzgar a varios de los implicados por el envío de más de cinco toneladas de cocaína desde Costa Rica a países como Bélgica, Países Bajos y España.
La droga se ocultaba de forma sofisticada en productos como pulpa de piña, harina de yuca, cajas de cartón, chatarra y tarimas, lo que evidencia un alto grado de organización y logística internacional.
¿Qué es el caso Purga?
El caso “Purga” estalló tras varios meses de investigación conjunta entre la Policía de Control de Drogas (PCD), el Ministerio Público y agencias internacionales. El nombre responde a la supuesta intención del grupo criminal de “limpiar” su estructura infiltrada en sectores logísticos y comerciales del país.
El pasado 3 de junio, las autoridades realizaron 22 allanamientos simultáneos en la Zona Norte —principalmente en Los Chiles, Guapiles y , así como Fortuna y Limón. Como resultado, fueron detenidos 12 sospechosos, entre ellos empresarios agrícolas, transportistas y presuntos enlaces logísticos con mafias europeas.
Los decomisos fueron contundentes:
- 5.1 toneladas de cocaína incautadas en puertos de Europa.
- Vehículos, propiedades y cuentas bancarias intervenidas.
- Documentación que probaría la exportación fraudulenta de productos contaminados con droga.
Las autoridades indicaron que los envíos de droga se realizaban desde terminales portuarias del Caribe costarricense utilizando empresas fachada, muchas de las cuales aparecían como exportadoras legales de productos agrícolas.
Extradición sobre la mesa
Con la reciente reforma al artículo 32 de la Constitución Política, aprobada el 16 de mayo de 2025, Costa Rica abrió por primera vez la posibilidad de extraditar a sus ciudadanos por delitos de narcotráfico y terrorismo. Hasta ahora, los costarricenses estaban protegidos constitucionalmente de ser entregados a tribunales extranjeros.
Los 12 detenidos, todos ciudadanos costarricenses por nacimiento o naturalización, podrían enfrentar extradición si alguna nación europea formaliza la solicitud ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las condiciones están dadas:
- El delito de tráfico internacional de drogas califica como crimen grave.
- La nueva ley permite la extradición con aval del tribunal costarricense correspondiente.
- El proceso respetará el debido proceso y los derechos fundamentales de los implicados.
Repercusiones legales e internacionales
Expertos señalan que el caso Purga podría convertirse en un precedente en la lucha de Costa Rica contra el crimen organizado transnacional. “Esta es una prueba de fuego para el nuevo marco jurídico. Si se ejecuta una extradición con transparencia y rigor legal, el país enviará un mensaje contundente a las redes criminales”, opinó el abogado penalista Jorge Salazar.
A nivel diplomático, ya se han dado los primeros contactos con autoridades judiciales de Europa. Se espera que en las próximas semanas inicien los trámites formales para requerir a los principales sospechosos, cuyas identidades se mantienen bajo reserva.
Una reforma histórica
La posibilidad de extradición fue posible gracias a una reforma constitucional aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa. Con 45 votos a favor, el Congreso cerró una laguna legal que había sido aprovechada por criminales para naturalizarse costarricenses y evadir la justicia internacional.
La diputada Pilar Cisneros, promotora de la iniciativa, declaró que la reforma “es un golpe directo contra los narcos que usan la nacionalidad como escudo”. Por su parte, el presidente Rodrigo Chaves celebró la aprobación afirmando que “Costa Rica deja de ser paraíso para criminales”.
La extradición, no obstante, se aplicará únicamente para los delitos específicos de terrorismo y narcotráfico, y requerirá el visto bueno del sistema judicial costarricense para evitar abusos o persecuciones políticas.
¿Qué sigue?
Las autoridades judiciales costarricenses ahora deberán evaluar cualquier solicitud de extradición con base en la nueva normativa. Mientras tanto, los 12 implicados en el caso Purga permanecen en prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones locales.
De concretarse una extradición, Costa Rica marcaría un antes y un después en su política de cooperación judicial internacional, alineándose con países que han endurecido su respuesta ante el narcotráfico global.
El país, una vez más, se enfrenta al reto de hacer justicia sin fronteras.
