Cambio de clasificación al evento de cierre del Pride 2025 desata críticas y acusaciones de censura
? San José, Costa Rica – A solo días de celebrarse el evento de clausura del Pride 2025 en la Plaza de la Democracia, una sorpresiva decisión de la Comisión de Espectáculos Públicos del Ministerio de Gobernación ha generado una nueva ola de críticas contra el Gobierno. La actividad, que había sido previamente autorizada como apta para todo público, fue reclasificada de forma repentina como un espectáculo restringido para mayores de edad, dejando fuera a niños, niñas y adolescentes.
La decisión tomó por sorpresa a los organizadores, quienes ya habían coordinado una programación diseñada para todas las edades. En respuesta inmediata, el comité del Pride presentó un recurso ante la Sala Constitucional, alegando una violación a los derechos fundamentales de libertad de expresión y no discriminación.
Organizaciones acusan discriminación
Diversos colectivos LGBTIQ+ y defensores de derechos humanos han calificado la medida como un acto de censura velada y un retroceso en materia de inclusión. “Este tipo de decisiones, adoptadas sin fundamentos claros y a última hora, alimentan la narrativa de exclusión. No hay justificación técnica ni precedente que sustente esta clasificación”, expresó una vocera del Movimiento Diversidad.
La molestia no es menor, ya que esta no es la primera vez que el Ejecutivo, bajo la administración de Rodrigo Chaves, toma acciones polémicas en torno al Pride. En 2024, el Gobierno revocó la declaratoria de interés cultural de la marcha apenas un día antes de su realización. La Sala Constitucional posteriormente calificó esa acción como inconstitucional.
Gobierno guarda silencio sobre motivos técnicos
Hasta el momento, el Gobierno no ha ofrecido una explicación detallada sobre los elementos que motivaron la nueva clasificación. De forma general, se ha aludido a la necesidad de “proteger a los menores de contenidos no apropiados”, sin presentar estudios, evaluaciones o informes técnicos que respalden tal criterio.
Desde organizaciones sociales se percibe una intención política detrás del cambio. “Lo que estamos viendo es un patrón reiterado de decisiones que buscan restringir la visibilidad de la población diversa bajo excusas débiles. Esto no es protección, es exclusión”, manifestó un activista vinculado a la organización del evento.
Impacto social y legal
La medida ha generado desconcierto entre familias que planeaban asistir con sus hijos, como ha sido tradición en años anteriores. El Pride en Costa Rica ha crecido exponencialmente desde sus inicios, transformándose en una celebración familiar, pacífica y cargada de contenido cultural y reivindicativo.
Con el recurso ya en manos de la Sala IV, el caso podría convertirse en otro capítulo de tensión entre el Ejecutivo y los movimientos de derechos humanos. De fondo, el debate va más allá del acceso a un evento: plantea interrogantes sobre el compromiso estatal con la igualdad, el pluralismo y la protección real —no simbólica— de los derechos de todos los sectores de la población.
Mientras tanto, los organizadores aseguran que la actividad se mantiene en pie y se realizará con o sin la presencia de menores, aunque lamentan lo que consideran una “decisión injustificada y excluyente”.
