Autoridades advierten sobre prácticas clandestinas que amenazan la biodiversidad del país; penas incluyen prisión y fuertes sanciones económicas.
San José, 26 de junio de 2025. — A pesar de que la cacería está totalmente prohibida en Costa Rica, la comercialización ilegal de carne de tortugas y tepezcuintles sigue siendo una práctica común, especialmente en zonas rurales del país. Así lo advirtió la Sección Especializada contra los Delitos Ambientales y Bienestar Animal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que ha detectado un mercado informal activo y en expansión.
“La carne de tepezcuintle es muy apetecida en esta forma ilegal, al igual que la de tortuga, en ciertas temporadas del año”, explicó Juan José Abarca Gómez, jefe de dicha sección. Según Abarca, estos productos no se venden en comercios establecidos, sino que se distribuyen clandestinamente, lo que dificulta la detección y persecución penal de los responsables.
Denuncias son mínimas y dificultan operativos
Uno de los principales obstáculos que enfrentan las autoridades es la escasa cantidad de denuncias formales. La mayoría de los casos llegan al OIJ por medio de reportes confidenciales, que muchas veces carecen de datos precisos sobre la ubicación de los hechos o las identidades de los involucrados.
Abarca instó a la población a colaborar mediante el Centro de Información Confidencial 800-8000-645, por teléfono, chat o en la página web del OIJ. “Incluso si solo tienen una sospecha o ubicación aproximada, esa información nos permite abrir una investigación y eventualmente individualizar a los responsables”, señaló.
Penas por cacería ilegal
La cacería está penalizada en Costa Rica bajo la Ley de Conservación de Vida Silvestre (Ley N.º 7317), que prohíbe la captura, tenencia, transporte y comercialización de fauna silvestre. Las penas pueden ir desde multas hasta prisión, dependiendo de la gravedad del delito.
- Quienes cacen o comercialicen animales silvestres sin autorización podrían enfrentar penas de 1 a 3 años de prisión, o multas de 10 a 30 salarios base, según el artículo 116 de la ley.
- En casos agravados, como la reincidencia o la afectación de especies en peligro de extinción, la pena podría aumentar hasta 4 años de cárcel.
Además, los animales o productos decomisados, así como los instrumentos utilizados para la caza, son confiscados por el Estado. Las condenas también pueden incluir inhabilitación para portar armas o participar en actividades relacionadas con la vida silvestre.
Una amenaza a la biodiversidad
Costa Rica es reconocido a nivel mundial por su compromiso con la conservación ambiental. Sin embargo, prácticas como la cacería ilegal ponen en riesgo la rica biodiversidad del país. Especies como el tepezcuintle, esenciales para el equilibrio ecológico de los bosques, están siendo diezmadas por este comercio clandestino.
Las autoridades reiteran que proteger la fauna silvestre es responsabilidad de toda la ciudadanía. La colaboración con las autoridades es clave para frenar esta actividad que, además de ilegal, pone en peligro el patrimonio natural de las futuras generaciones.
