San José. Un total de 84 costarricenses figuran actualmente con notificación roja en el sistema de Interpol, lo que los convierte en potenciales candidatos a ser extraditados por delitos cometidos en el extranjero. Así lo informó el fiscal auxiliar Elías Carranza Máxera, de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) de la Fiscalía General, durante su comparecencia ante la Comisión de Reforma Constitucional de la Asamblea Legislativa, el pasado 17 de junio, así lo detalla una nota periodística de Semanario Universidad
Carranza entregó el dato en el marco de la discusión legislativa sobre la reforma constitucional que permitiría la extradición de ciudadanos costarricenses, una medida hasta ahora prohibida por el artículo 32 de la Constitución Política.
“Consulté directamente a la Interpol cuántos costarricenses están actualmente requeridos por otros países y me informaron que hay 84 personas con notificación roja”, explicó Carranza durante su intervención.
¿Qué implica una notificación roja?
La notificación roja de Interpol es una alerta internacional solicitada por las autoridades de un país miembro para localizar y detener provisionalmente a una persona, mientras se inicia un proceso de extradición o acciones judiciales similares. Si bien no equivale a una orden de captura internacional, sí permite a los países miembros actuar para privar de libertad al requerido en sus respectivos territorios.
Esto significa que al menos 84 costarricenses podrían verse afectados si prospera la reforma que abriría la puerta a que Costa Rica extradite a sus propios ciudadanos, algo que hasta ahora ha sido un obstáculo en la cooperación judicial con otros países.
Entre los nombres que han captado atención pública recientemente se encuentran el del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez, así como los hermanos Edwin y Jonathan Arias, este último conocido como “Pecho de Rata”, todos requeridos en el extranjero por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.
La impunidad del retorno
Carranza advirtió que la falta de extradición de nacionales ha sido aprovechada por algunos costarricenses para evadir la justicia internacional. “Hay personas que simplemente regresan al país y, por el hecho de ser nacionales, no pueden ser entregadas, lo cual les permite refugiarse en Costa Rica para evitar ser juzgadas por delitos cometidos afuera”, explicó.
Asimismo, el funcionario hizo énfasis en cómo esta postura ha afectado la reciprocidad internacional en materia judicial, ya que algunos países se niegan a entregar a personas requeridas por Costa Rica, debido a que el país no hace lo mismo con sus ciudadanos.
“La reciprocidad es un principio fundamental en relaciones internacionales. Si no entregamos a nuestros ciudadanos, otros países tampoco entregan a los suyos cuando Costa Rica los requiere”, añadió.
Podrían ser más
El fiscal también alertó que la cifra de 84 costarricenses con notificación roja podría ser apenas una parte del total real de personas requeridas. “No todos los países solicitan notificaciones rojas. Es probable que haya más costarricenses buscados por la justicia internacional, que podrían regresar al país y quedar al margen de toda acción judicial”, señaló.
Una reforma en discusión
La Comisión de Reforma Constitucional del Congreso continúa evaluando la iniciativa que permitiría la extradición de costarricenses, una propuesta que ha generado tanto respaldo como críticas. Sus defensores argumentan que se trata de una necesidad en un mundo cada vez más globalizado, donde el crimen organizado trasciende fronteras y requiere mayor cooperación internacional.
De aprobarse la reforma, Costa Rica se alinearía con la mayoría de países del continente, que ya permiten la extradición de sus ciudadanos bajo ciertos criterios y salvaguardas jurídicas.
