Chaves califica como “sacada de clavo” decisión de la Corte de levantarle inmunidad y reafirma sus críticas al Poder Judicial
Redacción | Julio 2, 2025
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, calificó como una “sacada de clavo” la decisión de la Corte Suprema de Justicia de remitir a la Asamblea Legislativa la solicitud de levantamiento de su inmunidad, para que pueda ser investigado por el presunto delito de concusión, contemplado en el Código Penal costarricense.
Durante su habitual conferencia de prensa desde Casa Presidencial, Chaves sostuvo que la decisión se da en represalia por las fuertes críticas que ha emitido en los últimos años contra el Poder Judicial y los magistrados de la Corte Suprema.
“Esto es una sacada de clavo, así de claro. Es la reacción de un sistema que se resiente cuando se le dice la verdad en la cara. He denunciado sus abusos, su falta de transparencia y cómo protegen a los poderosos mientras abandonan al pueblo. Y ahora, toman represalias”, afirmó el mandatario.
Chaves también dijo estar “feliz” a pesar de la situación.
“No tengo miedo. Estoy tranquilo y feliz porque tengo la conciencia limpia. Lo único que pido es que el Congreso actúe conforme a derecho y no por presiones políticas o mediáticas”, señaló.
La decisión de la Corte: mayoría aprobó remitir expediente a la Asamblea
En una sesión extraordinaria celebrada el lunes 1° de julio, la Corte Plena acordó por 15 votos a favor y 7 en contra remitir a la Asamblea Legislativa la solicitud de levantamiento del fuero de improcedibilidad (inmunidad) del presidente Rodrigo Chaves y del ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, ambos señalados en una causa penal por presunta concusión.
La figura de concusión implica que una autoridad pública haya exigido dinero u otros beneficios valiéndose de su cargo, lo cual constituye un delito. Hasta el momento, no se han revelado detalles concretos de la acusación ni de las pruebas aportadas por el Ministerio Público.
La votación mostró división entre los magistrados. Mientras una mayoría consideró que existían elementos suficientes para permitir que el caso sea valorado en el Congreso, otros argumentaron que el expediente no ofrece pruebas concluyentes para establecer una sospecha razonable sobre la comisión del delito.
Próximo paso: decisión clave en la Asamblea Legislativa
El caso ahora queda en manos de las diputadas y diputados, quienes deberán valorar si otorgan o no el levantamiento de inmunidad. De aprobarse, el presidente y el ministro podrían ser investigados penalmente como cualquier otro ciudadano, aunque sin posibilidad de ser arrestados mientras estén en funciones, conforme lo establece la Constitución.
Esta situación representa un hito inusual en la política costarricense, ya que son pocos los casos en que un presidente en ejercicio enfrenta una solicitud formal para levantarle la inmunidad.
El caso podría tener implicaciones políticas y jurídicas de alto impacto, tanto para el gobierno como para la relación entre los poderes del Estado.
