video es solo un ejemplo del transporte : no necesariamente se refiere a un caso de explotación
Por Redacción Regional
Zona Norte, Costa Rica. A la vista de todos y al margen de la ley, decenas de trabajadores agrícolas —en su mayoría migrantes nicaragüenses— son transportados diariamente en carretas, plataformas improvisadas o camiones sin condiciones mínimas de seguridad hacia plantaciones de piña, yuca, naranja y banano, o hacia obras en construcción. En estas jornadas, muchas veces inhumanas, predomina el silencio, el temor y la urgencia por sobrevivir.
La escena se repite en cantones como Los Chiles, Upala, Guatuso y San Carlos, donde el uso de contratistas o “patrones externos” ha facilitado a grandes empresas agroexportadoras y constructoras evadir su responsabilidad directa como empleadores. Estos intermediarios reclutan, trasladan y supervisan a los jornaleros, sin asegurarles derechos laborales, sin asegurarles a la Caja y, en muchos casos, sin siquiera registrarlos formalmente.
“Nos levantan a las 4 de la mañana en la línea (zona fronteriza), nos montan como si fuéramos sacos y nos tiran en la finca hasta que se acabe el día. No hay agua, no hay baño, si uno se queja lo botan y llaman a Migración”, relata un trabajador nicaragüense de 25 años que pidió anonimato.
Contratistas: el nuevo rostro de la explotación
La figura del contratista ha proliferado en los últimos años como mecanismo de “tercerización” del empleo rural. Estas empresas —muchas registradas como sociedades anónimas y sin mayor fiscalización— prestan servicios de mano de obra a empresas agroindustriales, las cuales externalizan toda obligación laboral: no pagan cargas sociales, no reconocen incapacidades, ni vacaciones ni aguinaldos.
Las pólizas con las que algunos de estos contratistas trabajan no cubren servicios completos de salud, lo que deja a los trabajadores en el abandono si sufren un accidente. La mayoría no está asegurada ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ni registrada ante el Ministerio de Trabajo.
Una institucionalidad ausente
En estas comunidades, la presencia del Estado es escasa. La CCSS y el Ministerio de Trabajo no realizan inspecciones regulares, y las denuncias quedan muchas veces sin seguimiento. Fuentes internas del MTSS revelaron que algunos funcionarios reciben sobornos para ignorar prácticas ilegales, lo que perpetúa el modelo de explotación.
Organizaciones sociales y defensores de derechos laborales denuncian que la figura del contratista ha sido pervertida, pasando de ser un modelo de apoyo logístico a un instrumento de precarización laboral y evasión de responsabilidades.
Cabe destacar que mayoría de estos trabajadores no existen para el Estado. No cotizan, no tienen vacaciones, ni protección alguna. Y esto lo saben todos: empleadores, autoridades y hasta líderes comunales.
Migración sin control, trabajo sin ley
La frontera con Nicaragua sigue siendo un paso poroso, utilizado por cientos de personas que cruzan por trochas o ríos en busca de trabajo. Al llegar a Costa Rica, muchos son captados de inmediato por contratistas que los colocan en fincas o construcciones bajo esquemas completamente irregulares.
“Nos pagan lo mínimo, pero no hay de otra. Cada semana volvemos a Nicaragua para ver a la familia o llevar comida”, explicó un joven migrante.
Esta modalidad funciona como un circuito cerrado y cíclico de explotación, en el que las personas entran, trabajan, son desechadas y regresan, todo sin que el sistema los reconozca ni proteja.
Una realidad que se normaliza
Lo más alarmante es que la explotación ha sido normalizada. Se acepta como parte del “negocio” y de la lógica de producción barata. Para muchos finqueros y constructores, el argumento es simple: “sin ellos, la finca no se mueve”, pero también “no se puede pagar cargas sociales”.
Detrás de este modelo económico rural hay una estructura de violencia económica y laboral, donde los trabajadores son descartables y fácilmente reemplazables.
Expertos y colectivos sociales proponen medidas inmediatas:
- Presencia permanente de inspectores laborales en la zona.
- Operativos sorpresa en fincas y proyectos de construcción.
- Registro obligatorio de contratistas ante el MTSS y CCSS.
- Campañas de educación legal y apoyo a migrantes.
- Creación de una ruta de denuncia segura y anónima.
La Zona Norte de Costa Rica —rica en producción agrícola y proyectos de desarrollo— es también escenario de una de las mayores crisis laborales del país. Bajo la apariencia de eficiencia productiva se esconde un sistema basado en la vulnerabilidad de miles de personas migrantes que, por necesidad, aceptan condiciones que rayan en la esclavitud moderna.
Mientras no exista voluntad política y coordinación institucional real, las carretas seguirán llenas al amanecer. No de carga, sino de personas invisibilizadas que sostienen, con su trabajo, una economía que se alimenta del silencio y la impunidad.
