Solís y Chinchilla deberán rendir cuentas en el Congreso por vínculos con Celso Gamboa

La Asamblea Legislativa acordó llamar a comparecer a los expresidentes Luis Guillermo Solís y Laura Chinchilla Miranda como parte de las investigaciones que se desarrollan en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico en torno al exmagistrado y exministro Celso Gamboa Sánchez, actualmente solicitado en extradición por la DEA de Estados Unidos.

La moción para citar a los exmandatarios fue presentada este jueves por la diputada oficialista Pilar Cisneros, en medio de la sesión ordinaria de la comisión. El objetivo es que ambos aclaren bajo qué circunstancias Gamboa ocupó altos cargos en el Ministerio de Seguridad Pública durante sus respectivas administraciones.

Gamboa fue viceministro de Seguridad en el gobierno de Laura Chinchilla y posteriormente ministro de esa cartera durante el mandato de Luis Guillermo Solís.

El caso tomó mayor relevancia luego de que, según documentos del proceso de extradición en Estados Unidos, el propio Gamboa habría señalado a informantes de la DEA que recibía apoyo gubernamental para facilitar el ingreso de cargamentos de cocaína al país.

Aunque de momento no hay elementos concluyentes que vinculen directamente a los expresidentes con delitos, la comisión busca esclarecer si existieron omisiones, encubrimientos o acciones negligentes durante su gestión que favorecieran los movimientos del ahora investigado.

La convocatoria se enmarca en una serie de comparecencias previstas para los próximos días, en las que también se llamará a exfuncionarios y autoridades policiales que tuvieron relación directa con Gamboa durante su paso por la función pública.

? Contexto del caso Gamboa:

  • Exmagistrado penal y exministro de Seguridad.
  • Figura clave en una red de tráfico de drogas que investiga la DEA.
  • Estados Unidos solicitó su extradición.
  • En el expediente se menciona que alardeaba de vínculos políticos para operar con impunidad.

La Comisión continuará profundizando en las pesquisas con el fin de deslindar responsabilidades y fortalecer los mecanismos de control institucional frente al narcotráfico.

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