San José, Costa Rica (4 de julio de 2025) –
Un alarmante incremento en el reclutamiento de menores por parte de grupos criminales mantiene en alerta a las autoridades costarricenses. La crisis social, la pobreza extrema y la deserción escolar están alimentando una cruel nueva generación de “gatilleros juveniles”.
- Entre 2015 y 2023, 244 adolescentes (entre 13 y 17 años) fueron condenados por homicidio, y otros 347 por tentativa de homicidio. Dentro de estos grupos, se registraron condenas a menores de tan solo 12 años (2 casos), y varios de 13 a 17 años .
- En el mismo periodo, se contabilizan otros 442 menores absueltos, pero aún hay 189 expedientes en trámite .
- Un estudio del Poder Judicial entre 2021 y 2023 indica un incremento del 132?% en causas de la Fiscalía de Penal Juvenil en delitos sexuales y asesinatos, comparado con 2019, que pasó de 496 a 1.004 casos .
- A diciembre de 2023 los homicidios dolosos alcanzaron 907, el año más violento de la historia criminal reciente; en 2024 bajaron levemente a 880 .
¿Por qué se recluta a menores?
- La pobreza extrema incide directamente: en Puntarenas, uno de cada cuatro menores vive en esa condición; en otros cantones costeros y fronterizos el porcentaje alcanza el 22–23?% .
- La deserción escolar también es alarmante: en zonas como Limón y Puntarenas, hasta un 80?% de los adolescentes no alcanzan el segundo ciclo (secundaria) .
- Según el OIJ, los menores son “una materia prima fácil” para las bandas: trabajan como “robots” —hacen mandados, entregan drogas y escalan hacia sicariato— siendo recompensados con dinero, teléfonos o ropa .
- “Alias Chiquilín”, un sicario juvenil en Puntarenas, estaba vinculado a al menos 10 homicidios, desde los 15 años hasta los 17, cuando fue ejecutado por la banda rival .
- En una operación judicial en Puntarenas se detuvo a tres menores ligados a un triple homicidio y un intento previo de asesinato ().
- El Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial impulsan una reforma legal para tipificar y endurecer penas contra quienes recluten a menores para sicariato. Se propone sanción de 4 a 6 años, extendible a 8 años si se documenta abuso, amenazas o aprovechamiento de vulnerabilidad .
- Paralelamente, se promueven programas preventivos: ligas deportivas policiales en barrios vulnerables, más intervención en centros educativos y la creación de bases de datos de menores infractores .
- El estudio de Ineina de la UNA (abril de 2025) resalta la necesidad de fortalecer redes familiares, comunitarias y educativas para proteger a los jóvenes antes de su involucramiento .
Costa Rica enfrenta una realidad dolorosa: la violencia organizada está recurriendo cada vez más a niños y adolescentes para perpetrar asesinatos. El fenómeno no solo representa un daño social profundo, sino también una señal de fallas estructurales: pobreza, abandono escolar y pocos recursos para la infancia vulnerable. Enfrentar este reto requiere no solo castigar a las bandas, sino proteger a los niños antes de que se vuelvan su instrumento.
Especialistas y organizaciones sociales coinciden en la urgencia de:
- Fortalecer la educación y el apoyo social en zonas vulnerables.
- Implementar leyes que castiguen el reclutamiento infantil con fuerza.
- Aumentar recursos al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y al OIJ para intervención temprana.
Solo así será posible desarmar este peligroso ciclo criminal y brindar un futuro con esperanza a la juventud tica.
