San José, Costa Rica – El Gobierno de la República autorizó que migrantes deportados desde Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump puedan trabajar legalmente en Costa Rica, luego de permanecer por meses en el país bajo un acuerdo bilateral entre ambos gobiernos.
Los extranjeros se encuentran alojados desde su llegada en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), ubicado en la zona sur del país. Estos migrantes fueron reubicados en territorio costarricense tras una negociación entre la administración de Rodrigo Chaves y el expresidente estadounidense Donald Trump, en un esfuerzo por controlar el flujo migratorio en la región sin deportaciones directas a sus países de origen.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) confirmó la medida, indicando que los migrantes que cuenten con condiciones legales estables y voluntad de integrarse podrán acceder a empleos formales en sectores como agricultura, construcción y servicios, áreas que enfrentan una alta demanda de mano de obra no calificada.
“Se trata de una decisión humanitaria y estratégica. Es preferible permitirles trabajar con derechos y deberes, que mantenerlos en una situación de dependencia dentro del Catem”, señaló una fuente del Gobierno bajo condición de anonimato.
La medida ha generado reacciones divididas. Organizaciones defensoras de los derechos humanos y agencias internacionales como ACNUR y la OIM celebraron la decisión, al considerar que promueve la integración socioeconómica de personas desplazadas y evita la marginalización.
Sin embargo, sectores políticos de oposición y algunas cámaras empresariales manifestaron preocupación por el secretismo del acuerdo con Estados Unidos y el impacto que esta medida podría tener en el mercado laboral local.
La diputada Gloria Navas cuestionó el proceso:
“¿Por qué el Ejecutivo no ha explicado claramente los términos del convenio con el expresidente Trump? Costa Rica no puede ser receptora de personas deportadas sin transparencia ni control”.
A pesar de las críticas, el Gobierno insiste en que la iniciativa responde a compromisos multilaterales y al principio de solidaridad internacional. Además, asegura que el país cuenta con los mecanismos legales para verificar antecedentes, capacidades y nivel de riesgo de cada persona beneficiada.
Según datos del Ministerio de Seguridad Pública, más de 350 personas han sido reubicadas en el Catem bajo este esquema desde 2023, y se espera que la cifra aumente en lo que resta del año.
Costa Rica, históricamente reconocida por su apertura a poblaciones migrantes, se enfrenta hoy al reto de equilibrar sus principios humanitarios con la presión social y económica de un fenómeno migratorio cada vez más complejo.
