San Carlos, 11 de julio de 2025
La tala ilegal continúa afectando gravemente los ecosistemas forestales de la Zona Norte de Costa Rica, donde organizaciones ambientalistas y autoridades han encendido las alertas por el aumento en la destrucción de bosques primarios y secundarios, principalmente en cantones como San Carlos, Los Chiles, Guatuso y Upala.
El caso más reciente ocurrió en Chorreras de Cutris, San Carlos, donde funcionarios del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) detectaron la devastación de más de 20 hectáreas de bosque dentro de una zona de protección. En el sitio, se logró el decomiso de maquinaria pesada, motosierras y madera en rollo, presuntamente extraída sin permisos. El terreno había sido limpiado con el fin de expandir una finca piñera, una de las principales causas de deforestación en la región.
Maderas más codiciadas
Entre las especies de árboles más taladas de forma ilegal destacan:
- Cenízaro
- Cristóbal
- Cedro amargo
- Guapinol
- Ronrón
Estas maderas son altamente valoradas por su dureza y belleza, siendo utilizadas en la fabricación de muebles, pisos y estructuras. Su comercio, sin embargo, requiere permisos específicos debido a su importancia ecológica y su lenta regeneración.
El impacto ambiental
Expertos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) advierten que la tala ilegal no solo pone en riesgo la biodiversidad, sino que también genera erosión de suelos, contaminación de fuentes de agua, pérdida de hábitat para especies en peligro de extinción y aumento de emisiones de carbono. Además, se han identificado impactos directos en corredores biológicos que conectan áreas protegidas clave como el Parque Nacional Juan Castro Blanco y la Reserva Biológica Caño Negro.
Legislación y sanciones
La legislación costarricense, mediante la Ley Forestal N.º 7575, prohíbe expresamente la tala de árboles sin permiso en propiedades públicas o privadas, y establece multas que van desde los ?300.000 hasta varios millones de colones, además del decomiso del producto y las herramientas utilizadas. La ley también contempla penas de prisión de hasta cinco años para quienes reincidan o lideren actividades de tala organizada.
El MINAE, el SINAC y la Fuerza Pública han reforzado operativos en la Zona Norte, especialmente en puntos ciegos fronterizos y zonas rurales de difícil acceso, donde operan mafias organizadas que venden la madera de forma clandestina a aserraderos o empresas que no verifican su origen.
Decomisos en aumento
Datos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) indican que en los primeros seis meses de 2025 se han decomisado más de 2.400 metros cúbicos de madera ilegal en la Región Huetar Norte, un aumento del 35% respecto al mismo periodo del año anterior. Solo en San Carlos se reportaron 62 operativos, incluyendo confiscación de madera, cierre de caminos ilegales y detenciones de taladores reincidentes.
El papel de las fincas piñeras
Diversos informes han vinculado la tala ilegal con la expansión de monocultivos de piña, actividad agrícola que ha crecido de forma descontrolada en los últimos años. En algunos casos, se talan bosques sin permiso y posteriormente se solicita una “autorización de cambio de uso del suelo”, intentando legalizar lo que originalmente fue una acción ilícita.
Organizaciones como la Federación Ecologista Costarricense (FECON) y grupos locales de defensa ambiental piden mayor fiscalización a las empresas agroindustriales, así como más recursos para el MINAE y los cuerpos policiales encargados de proteger los bosques.
“La Zona Norte está siendo desangrada lentamente. Si no se refuerzan los controles, en pocos años podríamos perder zonas de altísimo valor ambiental que no se recuperan fácilmente”, advirtió un funcionario del SINAC que participó en los últimos decomisos.
Mientras tanto, el llamado es claro: proteger los bosques no es solo una tarea del gobierno, sino una responsabilidad compartida entre ciudadanos, empresas y comunidades que deben alzar la voz ante cada árbol caído sin justificación legal.
