Managua, Nicaragua.
Un polémico acuerdo de “protección recíproca” firmado entre los gobiernos de Nicaragua y Rusia ha generado alarma entre organismos internacionales y defensores de derechos humanos. El convenio, aprobado por la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo sandinista, establece un compromiso entre ambos países de no colaborar con procesos de justicia penal internacional ni extraditar a ciudadanos requeridos por estos mecanismos, detalla el medio Nicaragua Investiga
En la práctica, el acuerdo implica que Managua y Moscú se convierten en potenciales refugios para individuos —incluidos líderes políticos— que enfrenten acusaciones por crímenes graves a nivel internacional. Tanto el presidente nicaragüense Daniel Ortega como su homólogo ruso Vladimir Putin enfrentan señalamientos y órdenes de arresto por parte de instancias internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI).
Blindaje mutuo
El diputado Filiberto Rodríguez, quien figura en listas de sancionados por Estados Unidos por actos represivos, fue el encargado de defender el decreto durante su presentación en el parlamento. Según Rodríguez, el tratado responde a un rechazo común hacia lo que calificó como una “instrumentalización de la justicia internacional con fines políticos”.
“Se trata de un acuerdo entre dos naciones soberanas que han sufrido el uso abusivo de los mecanismos judiciales internacionales como forma de presión y chantaje”, afirmó Rodríguez.
El tratado contempla específicamente la no extradición, el rechazo a cualquier colaboración con cortes internacionales y el compromiso de brindar protección a personas “injustamente perseguidas”. Esto incluye, según el texto, a familiares y allegados de los posibles señalados.
Preocupación internacional
La comunidad internacional ha observado con atención este acercamiento entre dos regímenes que enfrentan graves cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos. La CPI emitió en 2023 una orden de arresto contra Vladimir Putin por presuntos crímenes de guerra en Ucrania, lo que ha restringido significativamente sus viajes al extranjero.
En el caso de Ortega, aunque Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma que da jurisdicción a la CPI, ya existen iniciativas en países como Argentina para solicitar investigaciones por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su gobierno. Según expertos legales, un eventual cambio de administración o una nueva ratificación podría abrir la puerta a acciones judiciales internacionales contra el mandatario nicaragüense y su círculo cercano.
¿Hacia un “eje de impunidad”?
Analistas advierten que este tipo de acuerdos puede convertirse en una vía para fortalecer un “eje de impunidad” entre gobiernos autoritarios. Además de garantizar protección a sus líderes, se allana el camino para que otros funcionarios, exmilitares y aliados políticos con cuentas pendientes con la justicia internacional encuentren un puerto seguro.
Tanto Ortega como Putin han optado por limitar sus desplazamientos internacionales y se mantienen en sus respectivos países por temor a detenciones. En el caso del líder nicaragüense, su presencia pública ha disminuido, y su círculo de seguridad ha reforzado las medidas para evitar cualquier riesgo.
Un acuerdo con lecturas geopolíticas
El tratado también se inscribe en una serie de gestos simbólicos y estratégicos entre Nicaragua y Rusia. En los últimos años, ambos países han incrementado su cooperación en áreas como seguridad, tecnología, comercio y discursos políticos en contra del orden internacional establecido.
A juicio de sectores opositores y organismos internacionales, el acuerdo no solo representa un intento de protección personal para sus dirigentes, sino también un golpe directo a los principios de justicia global, dejando en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema internacional para hacer rendir cuentas a líderes acusados de crímenes graves.
