Cutris, San Carlos. Un total de 87 familias que habitan en la comunidad de Chorreras de Cutris fueron notificadas formalmente este jueves 17 de julio por funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), órgano del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), de que deben desalojar el terreno que ocupan por tratarse de una invasión a un área protegida.
La notificación se da en el marco del expediente 25-000857-306-PE, bajo la figura de delito por “invasión a área de protección”, con el Estado y los recursos naturales como parte ofendida. Las diligencias fueron realizadas por personal del SINAC y respaldadas por resoluciones emitidas por el Juzgado Penal del II Circuito Judicial de Alajuela en fechas del 20 de junio, 14 de julio y 16 de julio de 2025.
La resolución judicial ordena a los habitantes abandonar voluntariamente la zona, al considerarse una ocupación ilegal que pone en riesgo los ecosistemas del área. Las notificaciones fueron entregadas de forma personal por la funcionaria Mary Paz Monge Jara, según consta en el acta oficial, y se advirtió a los notificados sobre las consecuencias legales de no acatar la orden judicial.
La comunidad de Chorreras se ubica en una zona de alta fragilidad ambiental, próxima a áreas declaradas de protección por su biodiversidad y valor hidrológico. La expansión de asentamientos humanos no autorizados ha generado preocupación entre las autoridades ambientales, quienes han señalado impactos negativos como deforestación, contaminación de fuentes de agua y presión sobre la fauna silvestre.
Por su parte, vecinos de la zona manifestaron preocupación e incertidumbre ante la notificación. Algunas familias alegan haber vivido en el lugar por más de una década y aseguran no contar con otro sitio a dónde trasladarse.
“El gobierno nos está dejando sin casa, sin previo aviso ni solución. Aquí hay niños, adultos mayores y personas enfermas”, expresó una habitante que prefirió no dar su nombre.
Hasta el momento, el Minae no ha informado sobre un plan de reubicación o alternativas habitacionales para las familias afectadas.
La situación ha generado tensión en la comunidad y se espera que organizaciones sociales y defensores de derechos humanos intervengan para buscar una salida negociada que respete tanto el derecho a la vivienda como la protección del ambiente.
Las autoridades ambientales reiteraron que continuarán con la vigilancia en zonas protegidas y no descartan acciones similares en otros asentamientos ilegales.
