Una compleja red de legitimación de capitales, disfrazada bajo el negocio de la lotería, fue desarticulada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en una operación que pone en evidencia el uso de entidades estatales para encubrir actividades ilícitas. El caso, denominado “Tómbola”, reveló cómo un grupo criminal logró infiltrar instituciones públicas y crear una apariencia de legalidad para introducir grandes sumas de dinero de origen desconocido al sistema financiero costarricense.
Entre las entidades que habrían sido utilizadas por la organización figuran la Junta de Protección Social (JPS), el Banco Nacional, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Guatuso, cuyos funcionarios habrían jugado un papel clave para facilitar permisos, abrir cuentas bancarias y respaldar comercios fachada.
Un esquema disfrazado de suerte
El grupo adquiría puntos de venta de lotería a lo largo del país y, con ellos, levantaba negocios como licorerías, ferreterías, agencias de autos y hasta empresas constructoras. A través de estas estructuras comerciales, el dinero ilícito era presentado como ingresos ordinarios. Se estima que, en solo dos años, lograron mover más de mil millones de colones sin levantar sospechas.
Lo que parecía una red de distribución de lotería, era en realidad una operación encubierta para limpiar fondos presuntamente vinculados con otras actividades ilegales aún bajo investigación.
Instituciones en entredicho
El caso ha generado gran preocupación por la presunta complicidad o negligencia de varios funcionarios públicos. Según la investigación, algunos empleados del Banco Nacional habrían permitido movimientos bancarios inusuales sin reportarlos, mientras que desde una oficina regional del Ministerio de Salud se habrían emitido permisos sin mayor fiscalización. Por su parte, la Municipalidad de Guatuso estaría siendo investigada por su rol en el respaldo a comercios que actuaban como fachadas.
La JPS también figura como parte del rompecabezas, ya que la venta de lotería legal fue una de las vías más efectivas para disfrazar las operaciones ilícitas.
La investigación sigue
Las autoridades realizaron 24 allanamientos simultáneos en puntos como Guatuso, Upala, Escazú, Alajuelita, Tres Ríos y San Carlos. Las acciones judiciales están dirigidas a desarticular completamente esta estructura y detener a por lo menos ocho personas consideradas figuras centrales dentro del esquema.
El Ministerio Público y otras entidades como la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y la Contraloría General de la República ya se encuentran analizando posibles fallas internas y omisiones que permitieron que la red creciera sin ser detectada a tiempo.
Más que un delito financiero
Este caso no solo representa un golpe a las finanzas públicas y al sistema bancario, sino también una señal de alerta sobre la facilidad con la que estructuras criminales pueden aprovechar debilidades institucionales para operar con impunidad.
Los implicados podrían enfrentar cargos por legitimación de capitales, asociación ilícita y corrupción, con penas que podrían ir de 8 a 20 años de prisión, dependiendo de su grado de participación.
El expediente aún no cierra, y las autoridades no descartan más capturas y nuevas revelaciones en los próximos días. Costa Rica, mientras tanto, enfrenta otro desafío para depurar sus instituciones y reforzar los controles internos frente a la amenaza del crimen organizado.
