Funcionarios bajo la lupa en megaoperativo por lavado de dinero liderado por el OIJ
Un amplio despliegue policial sorprendió la madrugada de este martes a varios funcionarios públicos, quienes figuran como posibles colaboradores de una presunta red dedicada al blanqueo de capitales. Las acciones forman parte del llamado caso Pana, una investigación que lidera la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desde el año 2021.
Entre los objetivos figuran empleados de distintas instituciones estatales, incluyendo a un agente judicial y a un alto mando de la Policía de Tránsito. Las autoridades sospechan que estas personas habrían facilitado operaciones en beneficio de la estructura criminal investigada.
El caso se centra en las actividades de José Abdiel Sánchez González, un ciudadano con doble nacionalidad costarricense-panameña, cuyo patrimonio llamó la atención por su vertiginoso crecimiento. Según las pesquisas, Sánchez estaría utilizando una red de testaferros y negocios legales para dar apariencia lícita a fondos presuntamente provenientes del narcotráfico.
Inicio del rastro: decomiso en el Pacífico Sur
La investigación se habría activado tras el decomiso de un cargamento de cocaína ocurrido en el Pacífico Sur costarricense hace algunos años. Desde entonces, los agentes empezaron a seguir el rastro financiero de Sánchez, cuyas inversiones incluyen fincas, cabezas de ganado, caballos de alto valor, camiones y vehículos.
Esta mañana, el OIJ ejecuta al menos 22 allanamientos en propiedades vinculadas a Sánchez, con el objetivo de asegurar bienes, inmovilizar terrenos e incautar activos relacionados con las operaciones ilegales.
Bienes y lujos entre Golfito y Pérez Zeledón
Alias “Pana”, como se le conoce en el ámbito delictivo, posee una lujosa residencia en General Viejo de Pérez Zeledón, la cual está siendo intervenida por agentes judiciales. En el mismo sector se allana la casa de uno de sus colaboradores más cercanos.
La vivienda es una entre más de una decena de propiedades inscritas a nombre del sospechoso. Muchas de ellas se ubican en Puerto Jiménez de Golfito, comunidad donde se estableció tras su llegada desde Panamá.
El operativo busca la detención de al menos nueve personas, todas presuntamente involucradas en la estructura que, según las autoridades, utilizó canales institucionales y fachada empresarial para lavar dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.
