Diputados designan Comisión Especial para proceso de levantamiento de inmunidad contra el presidente Rodrigo Chaves y el ministro Jorge Rodríguez
San José, 30 de julio de 2025 – La Asamblea Legislativa conformó este miércoles la Comisión Especial encargada de estudiar la solicitud para el levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y del ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, tras una acusación penal presentada por la Fiscalía General de la República.
La Comisión estará integrada por los diputados Andrea Álvarez (PLN), Daniel Vargas (PNR) y Rocío Alfaro (Frente Amplio), quienes tendrán la responsabilidad de analizar los fundamentos jurídicos de la solicitud presentada por el Ministerio Público.
Según lo establece la legislación costarricense, para que el fuero constitucional pueda ser levantado se requiere una mayoría calificada de al menos 38 votos en el plenario legislativo. Si se alcanza esa cifra, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia podrá continuar con el proceso penal y eventualmente celebrar un juicio.
La acusación de la Fiscalía se enmarca en el conocido caso BCIE-Choreco, en el que se investigan presuntos delitos de concusión, al haber supuestamente direccionado contratos públicos en favor de la empresa RMC La Productora S.A., propiedad del empresario Christian Bulgarelli. La causa también menciona como beneficiario al estratega de imagen Federico “Choreco” Cruz.
De acuerdo con la investigación, los contratos habrían sido promovidos desde Casa Presidencial, utilizando fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con la aparente intención de favorecer a allegados mediante contrataciones “a la medida”, sin los debidos procedimientos de transparencia.
Este proceso ha generado fuertes reacciones políticas, tanto dentro como fuera del Congreso. Mientras algunas bancadas exigen claridad y transparencia absoluta en la investigación, otras consideran que se trata de una persecución política en pleno año preelectoral.
El presidente Chaves no se ha referido directamente a la acusación, aunque en anteriores declaraciones ha calificado los señalamientos como “infundados” y parte de una “campaña de desprestigio”. Por su parte, el ministro Rodríguez también ha negado cualquier irregularidad en la tramitación de los contratos.
La Comisión Especial tendrá ahora un plazo para elaborar un dictamen que será presentado al plenario legislativo, el cual decidirá en última instancia si se levanta o no el fuero constitucional que actualmente protege a los altos funcionarios.
