San José, Costa Rica – Este lunes, la Fiscalía General de la República abrió el juicio contra 13 empresarios acusados de integrar una estructura de corrupción que operó durante la construcción de la polémica Ruta 1856, conocida como “La Trocha”, en la frontera norte del país.
Según la acusación del Ministerio Público, los imputados ofrecieron sobornos a funcionarios públicos mediante regalos lujosos que incluían viajes internacionales, fiestas privadas y visitas a clubes nocturnos, a cambio de contratos y desembolsos de fondos sin respaldo técnico ni fiscalización adecuada.
Simulación de servicios y desvío millonario de fondos
Durante la audiencia de apertura, los fiscales detallaron que los acusados habrían emitido facturas por trabajos de obra vial que nunca se realizaron. Se trató, según la acusación, de una simulación sistemática de servicios que permitió el desvío de cuantiosos recursos públicos que habían sido asignados con carácter de urgencia tras el conflicto limítrofe con Nicaragua en 2010.
La Fiscalía explicó que la supuesta red delictiva aprovechó la condición de emergencia con que se declaró el proyecto –a través de un decreto ejecutivo–, lo que permitió una ejecución acelerada, sin los controles ordinarios que rigen la contratación pública.
“Hubo una clara intención de aprovecharse del caos administrativo en que se desarrolló la obra. Se utilizaron mecanismos fraudulentos para justificar pagos, inflar costos y girar dinero del Estado a favor de intereses privados”, indicaron los fiscales ante el tribunal.
Un caso que expone las debilidades del Estado
El Ministerio Público subrayó que el caso de la Ruta 1856 no solo refleja un presunto acto de corrupción, sino que pone en evidencia las debilidades estructurales del aparato estatal costarricense para fiscalizar proyectos de gran envergadura en situaciones de emergencia.
La vía, que fue concebida como una respuesta geopolítica ante la incursión nicaragüense en la zona de Isla Calero, quedó inconclusa y deteriorada a poco tiempo de su ejecución, con tramos intransitables, obras a medio hacer y un gasto millonario sin resultados tangibles para las comunidades fronterizas.
Solo 13 llegan a juicio tras más de una década de investigación
Aunque en el expediente judicial figuran 26 personas como investigadas, solo 13 enfrentan cargos formales en el juicio que se celebra actualmente. La Fiscalía sostiene que estos empresarios habrían sido figuras clave en la red de corrupción, al facilitar documentación falsa, participar en la simulación de contratos y recibir pagos por trabajos que no se ejecutaron.
Los delitos que se les imputan incluyen malversación de fondos públicos, falsedad ideológica y peculado. De ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de prisión, inhabilitación para contratar con el Estado y la obligación de devolver los fondos desviados.
Antecedentes: el fracaso de una “obra de interés nacional”
La Ruta 1856 fue declarada de interés público y estratégico por el gobierno de Laura Chinchilla Miranda en 2011, en el marco de una creciente tensión diplomática con Nicaragua. Se trataba de una vía de 160 kilómetros a lo largo de la frontera norte, desde Los Chiles hasta Delta Costa Rica, que debía asegurar el acceso a comunidades remotas sin depender de la ribera del río San Juan, controlado por el país vecino.
Sin embargo, en menos de un año, el proyecto se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción en infraestructura del país. Informes de la Contraloría General de la República, auditorías internas del MOPT y reportajes periodísticos revelaron pagos injustificados, carencia de planos, adjudicaciones sin licitación y deficiencias graves en la construcción.
El juicio por estos hechos representa un hito en la lucha contra la impunidad en casos de corrupción de alto perfil. El proceso judicial podría extenderse varios meses debido a la complejidad del caso y el volumen probatorio acumulado durante más de una década de investigación.
