El presidente de la República, Rodrigo Chaves, lanzó fuertes acusaciones contra el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, a quien señaló de haber preparado una “emboscada política” en su contra para evitar una eventual candidatura en las elecciones nacionales del 2026.
Según Chaves, Arias habría contado con un criterio técnico del Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, elaborado anticipadamente, con el fin de bloquear su participación electoral en caso de que presentara su renuncia al cargo de presidente. La supuesta estrategia legislativa habría buscado condicionar su salida y limitar sus aspiraciones políticas futuras.
“Me tenían una emboscada”, dijo Chaves, al revelar que incluso había considerado dimitir para postularse como diputado, pero decidió finalmente mantenerse en su cargo hasta el final del mandato. La declaración del mandatario reaviva la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, en un contexto ya cargado por múltiples roces entre ambos poderes.
Las palabras de Chaves surgen en medio de la controversia que rodea la reciente renuncia del vicepresidente de la República, Stephan Brunner, cuya dimisión generó interpretaciones encontradas sobre el proceso constitucional a seguir. Mientras Arias sostiene que la Asamblea debe votar la aceptación de la renuncia, el oficialismo argumenta que, conforme al artículo 139 inciso 20 de la Constitución Política, el Congreso únicamente debe “conocer” el hecho, sin necesidad de votarlo.
Chaves aprovechó este contexto para cuestionar no solo el accionar de Arias en torno a la renuncia de Brunner, sino su papel como presidente del Congreso. “Este no es un juego limpio”, insinuó el mandatario, señalando una supuesta intención de manipular los procedimientos legislativos con fines políticos.
Por su parte, se solicitó una posición oficial a la oficina de prensa del diputado Rodrigo Arias, sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
En paralelo, el vicepresidente Brunner presentó esta semana un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la Asamblea Legislativa, argumentando que sus derechos fundamentales están siendo violentados al no habérsele aceptado aún la renuncia que presentó desde el 16 de julio.
La situación pone en evidencia una creciente confrontación institucional que podría marcar el clima político de cara a los comicios del 2026.
