San José — En medio del impulso legislativo por reforzar la extradición de costarricenses vinculados con delitos graves, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, lanzó una contundente advertencia: dejar por fuera el homicidio doloso sería un error estratégico en la lucha contra el crimen organizado.
Zamora respaldó la reforma constitucional que avanza en el Congreso, contenida en el expediente legislativo 25.122, la cual busca modificar el artículo 32 de la Constitución Política para ampliar los supuestos que permiten extraditar a nacionales. Sin embargo, hizo un llamado específico a los diputados para que incluyan el asesinato premeditado en la lista de delitos extraditables.
“Nuestra postura como Ministerio es clara: el homicidio doloso no puede quedar fuera. Este país no debe prestarse como refugio para quienes matan a sangre fría y luego buscan escudarse tras la nacionalidad”, enfatizó el jerarca.
Un cambio constitucional en marcha
El artículo 32 de la Carta Magna costarricense ha sido un escudo legal para evitar la extradición de ciudadanos, salvo en casos de narcotráfico internacional y terrorismo, siempre que haya aprobación judicial y respeto a los derechos fundamentales. Esa disposición fue modificada el pasado 20 de mayo, abriendo la puerta a una reforma más amplia.
La nueva propuesta legislativa pretende incluir delitos como:
- Tráfico de órganos, tejidos y células humanas
- Trata de personas con fines sexuales
- Tráfico ilícito de armas
- Tráfico de migrantes
No obstante, el homicidio doloso no figura en la redacción actual, lo que preocupa a las autoridades de seguridad por las implicaciones que esto tendría en la lucha contra redes de sicariato y crimen transnacional.
Apuesta por un consenso político
El ministro celebró el esfuerzo multipartidista que ha permitido avanzar con esta reforma histórica, pero insistió en que aún hay espacio para perfeccionarla.
“Esta reforma envía un mensaje claro a las organizaciones criminales: Costa Rica no tolerará impunidad ni será un escondite para asesinos profesionales”, sentenció Zamora.
El debate ahora recae en la Asamblea Legislativa, donde las fracciones deberán definir si acogen la recomendación del Ejecutivo e incluyen el homicidio como causal de extradición.
