Managua, Nicaragua. — El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobó de forma acelerada la polémica Ley de Territorios Fronterizos, mediante la cual declara propiedad del Estado todas las tierras ubicadas a menos de 15 kilómetros de las fronteras con Costa Rica y Honduras, generando una ola de denuncias por confiscación masiva de propiedades privadas y comunitarias.
La medida afecta directamente a viviendas, iglesias, comunidades enteras, fincas productivas, hoteles, playas, territorios indígenas y plantaciones agrícolas. Se trata de una expropiación sin precedentes en la historia reciente del país, según denuncian líderes opositores y defensores de derechos humanos.
Juan Sebastián Chamorro, exprecandidato presidencial y exiliado, calificó la normativa como una “confiscación arbitraria” que deja en la incertidumbre a miles de propietarios nicaragüenses y extranjeros. “Esto va a hundir el valor de las propiedades. Nadie va a invertir en tierras confiscadas por decreto”, advirtió Chamorro.
Por su parte, la exguerrillera y activista Dora María Téllez también condenó la decisión del régimen y se refirió a la ley como “La Gran Confiscación”. Téllez cuestionó públicamente quiénes serán los verdaderos beneficiarios de las tierras confiscadas y advirtió sobre el riesgo de que el Estado utilice estos territorios con fines militares o clientelistas.
Organismos internacionales han comenzado a analizar el impacto legal de la normativa, ya que podría violar convenios internacionales sobre la protección de la propiedad privada y los derechos de los pueblos indígenas. Además, genera una fuerte señal de desconfianza para los inversionistas, en medio de una economía debilitada y sujeta a sanciones internacionales.
La ley ha sido aprobada sin consulta pública, en un contexto de creciente control estatal y represión contra voces críticas, lo que ha aumentado el temor entre las poblaciones que habitan las zonas fronterizas. Varios habitantes han denunciado que ya se están realizando inspecciones y empadronamientos para determinar qué tierras quedarán bajo control estatal.
Diversos sectores han solicitado la intervención de organismos regionales e internacionales ante lo que consideran una grave violación a los derechos de propiedad y un nuevo episodio de concentración de poder por parte del régimen Ortega-Murillo.
